Sin motivo, policías de Altotonga balearon a hombre; Fiscalía obstaculizó investigación

La versión pública de la recomendación 18/2018, emitida en julio por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), evidenció que elementos policiacos del municipio de Altotonga hirieron con un arma a un hombre de identidad reservada, sin ningún motivo; además, que la Fiscalía General del Estado (FGE) obstaculizó la investigación realizada por el organismo autónomo para acreditar las violaciones a los derechos humanos del quejoso, a quien le fue lesionada su integridad personal, pues lo detuvieron ilegalmente y también le tomaron una muestra de sangre sin su consentimiento.

Tras un procedimiento de pesquisas a lo largo de 12 meses, la CEDH determinó emitir una recomendación el pasado mes de abril, aunque pública el mes de julio, en contra del ayuntamiento de Altotonga, pero también en contra de la FGE por la obstrucción.

De acuerdo con el ciudadano, que se encuentra en el expediente CEDH/2VG/DOQ/0436/2017, los hechos ocurrieron en marzo de 2017, cuando a medianoche conducía un vehículo frente al Palacio Municipal de esa localidad; éste llevaba alto el volumen de la música en su auto y los vidrios arriba; por lo que no pudo percatarse de que los uniformados le pidieron que detuviera la unidad.



“Escuché que hicieron disparos e inmediatamente sentí que me dolía la espalda, a la altura del omóplato derecho, pues una de las balas me había alcanzado [...], decidí pararme por temor a que siguieran disparando y me pudieran matar [...]; era evidente que no querían detener la trayectoria de mi vehículo, sino que querían privarme de la vida, al llegar me dijeron que bajara de la unidad, por lo que sin ninguna resistencia lo hice con la finalidad de que no me ejecutaran”, se lee en el documento.

En el expediente también se puede evidenciar que los policías mintieron e incurrieron en contradicciones, dado que por una parte señalaron que el sujeto conducía de manera temeraria, pero también había disparado contra el Palacio Municipal; cosa que en ningún momento fue comprobada, a la par que no se acreditó que portara un arma.

Los elementos aprehensores manifestaron que el conductor les había “aventado” el vehículo, pero eso tampoco se pudo acreditar. Siguiendo con la narración, el quejoso manifiesta que detuvo su marcha y fue cuando los policías cesaron por fin las detonaciones.



No obstante, el caso se agravó cuando fue enviado a la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) del Décimo Distrito Judicial, con sede en Jalacingo, dependiente de la FGE, donde se le violentó el derecho a la intimidad personal al tomarle una muestra de sangre sin su aprobación.

Tampoco se pudo acreditar que se encontraba en estado de ebriedad, cosa que pretendían aducir los policías y motivo por el que se le hicieron los análisis sanguíneos, sin que el individuo gozara de apoyo legal, “se me indujo, fue por miedo”.

Por su parte, la emisión de la recomendación en contra de Fiscalía General del Estado, explica el documento, radica en que el organismo solicitó su colaboración para tener acceso a la carpeta de investigación que se haya radicado en la Fiscalía Especializada, con la finalidad de obtener mayores elementos de prueba que permitieran perfeccionar la documentación e investigación de las violaciones a derechos humanos.



No obstante, mediante oficio con fecha del 9 de marzo de 2018, el Fiscal Visitador Encargado de la Atención a Quejas de Derechos Humanos remitió el oficio signado por Fiscal Décimo Especializado en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con el que informó que no era procedente poner a la vista de este Organismo la Carpeta de Investigación iniciada en esa Fiscalía con motivo de la remisión de la indagatoria, para no quebrantar la secrecía.

Después, el 6 de abril de 2018, personal actuante de este organismo se comunicó con empleados de la Coordinación de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a quienes se les explicó la relevancia de acceder al contenido de la carpeta de investigación, pero nuevamente se obtuvo respuesta negativa.

Finalmente, la CEDH recomendó al Ayuntamiento otorgar una compensación, que es una medida indemnizatoria y tiene la finalidad de reparar los perjuicios materialmente cuantificables.



Los actores “recomendados” deben iniciar un procedimiento administrativo a efecto de establecer de manera individualizada, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos demostradas en este caso y se debe garantizar la no repetición.

En lo sucesivo, la Fiscalía General del Estado deberá evitar la obstaculización de las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que realiza esta Comisión.