Síndica sufrió violencia política en razón de género por parte del Alcalde de Alto Lucero, confirman

La Sala Regional Xalapa (SRX) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la violencia política en razón de género en contra de la síndica de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, María Griselda Mora Fernández.

Además, en el caso de la síndica Grecia Nataly Alvarado González y de la regidora primera de Lerdo de Tejada, Lizbeth Hernández González, la Sala Regional determinó ampliar las medidas de protección dictadas el 5 de octubre por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al confirmarse igual violencia de género en su contra.

Lo anterior, al desahogar los juicios de protección de los derechos ciudadanos SX-JDC-213/2020, formulado por María Griselda Mora; y SX-JDC-330/2020, de Grecia Nataly Alvarado y Lizbeth Hernández.



En el caso de Alto Lucero, el presidente municipal Javier Castillo Viveros impugnó la sentencia de 14 de agosto del TEV, mediante la cual se acreditaron hechos catalogados como violencia política de género contra Griselda Mora.

En ese sentido, el Tribunal había advertido que Castillo Viveros sí incurrió en obstrucción del cargo, reducción de sueldo contra la funcionaria, le impidió grabar las sesiones de Cabildo o bien se le convocó a asamblea sin anexarle en la convocatoria la documentación de los asuntos a abordar.

En Lerdo de Tejada, tanto la Síndica como la Regidora impugnaron el acuerdo plenario con fecha 5 de octubre del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en el cual aplican medidas de protección a las funcionarias, agraviadas por violencia política de género por parte del alcalde Hermas Cortés García, así como del Secretario del Ayuntamiento, Director de Obras Públicas y el Titular del Órgano Interno de Control.



Las funcionarias piden que estas medidas de protección se amplíen a otros funcionarios del Ayuntamiento de Lerdo, entre estos, el Director de Recursos Humanos.

Las medidas que el TEV emitió buscan impedir que los servidores públicos citados incurran en actos que puedan acreditarse como violencia política de género.