SIOP defiende legalidad de contratos que entregó a líder de PAN Veracruz

Tanto la pasada Comisión de Vigilancia en la LXIV Legislatura local como la Contraloría General, absolvieron de irregularidades a las obras públicas que se asignaron por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) a empresas del virtual líder estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón y sus familiares.

Así lo sostuvo en su comparecencia ante el Congreso del Estado la titular de la dependencia, Yolanda Baizabal Silva, quien expuso que recientemente la Contraloría General del Estado absolvió al panista y de paso al extitular de la SIOP y actual senador del PAN, Julen Rementería del Puerto.

La Secretaria mencionó que todo el proceso fue revisado por los entes fiscalizadores y luego de que mediáticamente se evidenció un conflicto de intereses la SIOP, ya a su cargo, pidió una revisión por parte de la Contraloría.



“Se analizó todo el expediente que está abierto para que sea revisado por las entidades; se realizó la contratación conforme a la Ley de Obra Pública y todas esas obras están terminadas y en operación.

“Puede seguir revisándose; esta fue una situación de análisis de las contrataciones que fueron investigadas y que demostraron que la contratación no tuvo ninguna anomalía legal”, declaró la funcionaria del gobierno yunista.

Hay que recordar que en la Cuenta Pública 2017 el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) realizó una observación administrativa que pudiera derivar en faltas graves que deberían ser denunciadas; no obstante, la Comisión de Vigilancia del Congreso pasado también eliminó del dictamen dicho apartado.



La funcionaria fue cuestionada sobre este asunto por la diputada local de MORENA, Mónica Robles Barajas, quien dijo que generalmente se trata de “hacer bien” este tipo de contratos para evitar problemas legales; no obstante, el conflicto de interés es evidente para los ciudadanos.

Por su parte, la titular de la SIOP justificó que todos los procesos de contratación tienen que ver con proyectos y el fondeo suficiente, además de que pasan por el Comité de Obras que está integrado en la Secretaría.

“Forman parte del Comité algunos gremios constructores de algunas organizaciones y también de la Contraloría General y de los funcionarios de la Secretaría, que hacen los procesos de contratación.



“Efectivamente, algunas de las contrataciones se consideraron desiertas, fueron informadas en el Comité y después por Ley se pueden adjudicar; no hubo ningún reclamo de las compañías contratistas que aportaron y se inscribieron en el concurso”, observó.

En cuanto a una de las obras a Mancha Alarcón detalló que la empresa Izal tuvo dos contratos en 2017 para la carretera en El Naranjal, de 7.4 millones de pesos de invitación a cuando menos 3 empresas y otra obra que fue por licitación pública nacional por 16 millones de pesos, en una carretera en Uxpanapa.

La titular de la SIOP incluso fue cuestionada al respecto por la diputada del PAN, Judith Pineda Andrade, quien recordó que el partido impulsó la forma en materia anticorrupción y en transparencia, por lo que se debe explicar cómo es que no hay anomalías en las asignaciones a Mancha Alarcón.



La funcionaria replicó que los procesos de contratación provienen de empresas que son registradas en el padrón de contratistas, que es manejado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), dependencia que estrechó la reglamentación.

“Desde el 2017, la SIOP estrechó aún más la reglamentación que tiene para que una empresa pueda ser registrada en ese padrón (de contratista), se revisan ahora los domicilios, se piden más requisitos para poder tener un registro vigente”, explicó.

Dijo que las empresas de Mancha Alarcón cumplieron con las revisiones, al tiempo que no hubo oposición de quienes también participaron en la licitación pública.



“Contaba con esa documentación, es decir, comprobó el pago de impuestos, todo el aspecto técnico de una empresa”, precisó Baizabal Silva en su comparecencia ante los diputados del Congreso del Estado como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Adicionalmente reiteró que tras la revisión que hicieron las instancias auditoras locales y federales a dichos contratos, no se consideró alguna irregularidad en vista de que los proyectos entregados para su construcción, están concluidos en su totalidad.

“Creo que se tiene que analizar un reforzamiento en la Legislatura y en las contrataciones para que los diputados analicen la reglamentación de Ley de Obra Pública estatal y nacional y aplicar candados para evitar cualquier sospecha”, recomendó.