La página “Denuncia Ciudadana de Tihuatlán” anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la regidora primera del Ayuntamiento, María Zita Loya Argumedo, y personas de su entorno familiar, bajo señalamientos que deberán ser investigados y acreditados por las autoridades.
A través de una publicación, la página afirmó contar con información que, según su versión, apuntaría a un posible uso de recursos de procedencia ilícita y presunto enriquecimiento ilícito. Señaló que entregaría a la autoridad documentación relacionada con propiedades, empresas y personas que, presuntamente, podrían figurar como prestanombres.
La página sostuvo que corresponde a la autoridad determinar el origen de los bienes y establecer si existe alguna responsabilidad. Hasta el momento, los señalamientos difundidos constituyen acusaciones que deberán ser acreditadas mediante una investigación formal y pruebas ante las instancias correspondientes. El anuncio ocurre un día después de que Loya Argumedo informó que emprendería acciones legales contra dicho sitio web por una publicación en la que se le atribuyó una supuesta relación sentimental con un empleado del Ayuntamiento. La edil calificó esos señalamientos como falsos y afirmó que han afectado su dignidad e imagen pública.
La regidora, integrante de Movimiento Ciudadano y esposa del exalcalde Gregorio Gómez Martínez, actualmente preso, señaló que presentaría una denuncia ante las autoridades competentes y buscaría acompañamiento mediante la estrategia “Veracruzana Protegida”, al considerar que ha sido objeto de publicaciones que podrían constituir violencia digital o mediática.
El nuevo posicionamiento de la página incorpora ahora señalamientos de carácter patrimonial y financiero, por lo que corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos para iniciar una investigación y, en su caso, establecer responsabilidades. La controversia se mantiene en el ámbito de acusaciones y acciones anunciadas por ambas partes, sin que hasta ahora se haya podido confirmar si alguno de ellos o sus representantes legales ya acudió ante las autoridades competentes.