A un día de la jornada de votación, funcionarios del Ayuntamiento de Veracruz fueron descubiertos en lo que se presume como actos de coacción del voto en favor de la candidata Indira Rosales San Román, del Partido Acción Nacional (PAN). La detección de estos individuos y la denuncia inicial provino directamente de habitantes de las colonias donde operaban.
Los hechos se documentaron en la colonia Dos Caminos, donde vecinos sorprendieron a Gerardo Hernández Yépez, adscrito a la Dirección de Comercio, y a Héctor Domínguez Estrada, de Desarrollo Social, empleados activos del Ayuntamiento panista, entregando boletos para una rifa de alto valor que incluía casas, terrenos y materiales de construcción.
Los boletos recabados portaba uno de los lemas de campaña de la candidata panista, “El Veracruz que queremos”. Al momento de ser interceptados, los funcionarios tenían en su posesión listas con contenían nombres, domicilios y teléfonos de supuestos beneficiarios, a quienes les entregaban los referidos boletos.
Tras ser descubiertos por los vecinos, los señalados buscaron resguardarse en el patio de una residencia particular. Momentos después, acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recabados, su intervención no tuvo como fin la detención sino la protección y facilitación del escape de los funcionarios.
Testigos lugar afirmaron que ambas corporaciones estarían operando como un brazo de apoyo y grupo de choque para la candidata Indira Rosales, lo que, de confirmarse, evidenciaría una presunta complicidad entre quienes realizaban la coacción del voto y las estructuras del Gobierno Municipal bajo la gestión de Patricia Lobeira.
Se reportaron incidentes similares en otras zonas del municipio con la distribución de boletos idénticos. En la Reserva Tarimoya, testigos captaron imágenes de una camioneta identificada como parte del parque vehicular del Ayuntamiento llevando a cabo esta labor casa por casa, aunque la matrícula no fue legible. La entrega de estos boletos como mecanismo para condicionar el voto también fue denunciada en la colonia Antorcha Popular.
Estas acciones, que involucran a servidores públicos y, presuntamente, el uso de recursos y apoyo de corporaciones municipales a horas de la elección, configurarían violaciones directas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Particularmente, se haría referencia a lo estipulado en el artículo 11, que sanciona a funcionarios públicos que desvíen recursos o programas con fines proselitistas, y el artículo 7, que tipifica como delito el condicionamiento del voto mediante la oferta de beneficios, promesas o sorteos.
Dichos actos son catalogados como delitos graves que minan la libre expresión de la voluntad ciudadana y los cimientos democráticos. El esquema reportado, con el uso de recursos públicos y respaldo institucional, señalaría una intervención directa del Gobierno Municipal panista en el proceso electoral en curso.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado si los representantes de las demás fuerzas políticas que compiten por la alcaldía de Veracruz presentarán las denuncias correspondientes ante el Órgano Público Local Electoral (OPLE) tras estos hechos.