La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz reportó la baja de 107 policías, la suspensión de otros 50 y el envío de 26 casos a la Fiscalía General del Estado (FGE), como resultado de investigaciones internas por presuntas irregularidades cometidas por elementos de la corporación.
Al comparecer ante el Congreso local, el secretario Alfonso Reyes Garcés informó que durante el actual ejercicio existen 407 procedimientos relacionados con la actuación de policías estatales, de los cuales 224 permanecen en etapa de desahogo de pruebas.
Explicó que las investigaciones administrativas tardan, en promedio, nueve meses, debido a los procedimientos establecidos para que los elementos señalados presenten pruebas en su defensa.
Las cifras fueron expuestas durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno, en una comparecencia en donde se destacaron por cuestionamientos sobre la participación de policías en actividades delictivas, el aumento de las desapariciones, las extorsiones desde centros penitenciarios y los ataques contra actores políticos.
El diputado Héctor Yunes Landa cuestionó al funcionario por la detención de ocho policías estatales, entre ellos un comandante, acusados de secuestro agravado y tortura, así como por la captura de otros 11 elementos señalados por desaparición forzada.
El legislador planteó si esos casos evidenciaban fallas de coordinación con las autoridades federales o la posibilidad de que integrantes de la corporación filtraran información a grupos delictivos.
También cuestionó las cifras oficiales sobre homicidios y señaló diferencias entre los reportes del Gobierno federal y los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Reyes Garcés rechazó que Veracruz enfrente una crisis de seguridad, aunque reconoció que persisten delitos que requieren intervención de las corporaciones estatales y federales.
"No estamos en una situación de crisis en el estado, se lo tengo que decir de frente y los números se lo dicen", sostuvo.
Destaca reducción de delitos
El funcionario afirmó que los homicidios han disminuido alrededor de 20 por ciento y que Villa Aldama, Acultzingo, Tantoyuca, Orizaba y Córdoba figuran entre los municipios con mayores reducciones en la incidencia delictiva.
En materia de extorsión, diputados cuestionaron la eficacia de la estrategia gubernamental ante la falta de denuncias y la presunta operación de grupos delictivos desde los centros penitenciarios.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz señaló que hasta 96 por ciento de las víctimas no denuncia este delito, por lo que pidió explicar la metodología utilizada para reportar disminuciones.
El secretario respondió que las acciones de prevención, el trabajo con cámaras empresariales y la coordinación con la Fiscalía y la Guardia Nacional han permitido reducir los casos registrados. Añadió que recientemente fueron detenidas seis personas presuntamente relacionadas con extorsiones en Tantoyuca y aseguradas tres armas en la zona de Juárez.
"No negociamos con ningún grupo criminal, vamos parejo contra todos", afirmó.
Delitos desde prisiones estatales
Sobre las llamadas de extorsión desde las cárceles, Reyes Garcés reconoció el hallazgo de 40 dispositivos electrónicos en centros penitenciarios estatales, por los cuales se han presentado 18 denuncias penales.
Sin embargo, rechazó que la mayoría de las llamadas de extorsión registradas en Veracruz provenga de los penales administrados por el Gobierno estatal.
Aseguró que desde hace una semana se realizan pruebas de inhibidores de señal telefónica en el centro penitenciario de Amatlán de los Reyes, con el propósito de impedir comunicaciones utilizadas para cometer delitos sin afectar a los habitantes de las zonas cercanas.
Indicó que el sistema podría extenderse a otros centros penitenciarios, aunque reconoció limitaciones técnicas para instalarlo en establecimientos de menor capacidad. No precisó cuántos custodios o directivos están bajo investigación por el ingreso de teléfonos celulares.