SSP trabaja con diputados propuesta de nueva Ley de Movilidad y Transporte

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) comenzó a trabajar con diputadas y diputados en una propuesta de nueva Ley de Movilidad y Transporte que se pretende someter a discusión en 2026, con el fin de regular el transporte por aplicaciones y establecer criterios para vehículos híbridos —eléctricos y de combustible— dentro del servicio público.

El titular de la dependencia, Alfonso Reyes Garcés, informó ante el Congreso local que ya existen reuniones con integrantes de la Legislatura para construir el nuevo marco normativo.

Señaló que el objetivo es atender temas que actualmente no se encuentran regulados y que han generado conflictos en distintos municipios. “Creo que el año que viene una propuesta de nueva Ley de Movilidad y de Transporte para atender todos esos eventos”, indicó.



Reyes explicó que la SSP también ha sostenido encuentros con personas operadoras de taxis, representantes de plataformas digitales y transportistas que solicitaron cambios en el modelo actual. Recordó que, tras bloqueos en Boca del Río, se atendieron los planteamientos de grupos inconformes y se abrió un diálogo permanente con la Dirección General de Transporte y la Secretaría de Gobernación.

“Se está en pláticas inclusive con personal aquí, con compañeros de usted para establecer un nuevo una nueva Ley de movilidad y vialidad, creo que vamos a eso. En algún momento tendremos que atacar de una u otra forma el tema de las aplicaciones, el tema de los vehículos híbridos en el transporte público.

“Entonces, yo creo que el año que viene una propuesta de nueva Ley de movilidad y de transporte para atender todos esos eventos. Nos reunimos con algunas de las personas que bloquearon los puentes en Boca del Río”, subrayó.



Preguntas

Durante la segunda ronda de preguntas y respuestas, diputadas y diputados de diversos partidos reprocharon al secretario de Seguridad Pública falta de resultados frente a la violencia, las crisis penitenciarias y la inseguridad en procesos electorales.

En su réplica, la diputada del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, afirmó que la percepción ciudadana sobre el desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es negativa.



La legisladora cuestionó al secretario por la situación de las policías municipales y le pidió precisar cuántos cuerpos de seguridad locales operan realmente y cuántos existen solo “en el membrete”, ante las limitaciones de los ayuntamientos. También señaló que en distintos cruceros de Xalapa hay oficiales de Tránsito que detienen la circulación para dar paso a la caravana de la gobernadora y otros funcionarios, y pidió una explicación sobre estos operativos.

Además retomó el motín en el penal de Tuxpan, donde, conforme a versiones difundidas en medios, las personas privadas de la libertad denunciaron extorsiones y agresiones al interior del centro penitenciario. Con base en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, expuso que los 18 centros del estado registran señalamientos por hacinamiento, sobrepoblación y falta de programas de reinserción social.

Recordó que todos los centros son de mediana seguridad y planteó que, si hay 8 mil 601 personas privadas de la libertad, debería existir al menos una proporción de un custodio por cada diez internos, es decir, alrededor de 860 elementos, por lo que preguntó cuántos custodios están adscritos en realidad al sistema penitenciario.



En materia de violencia política, la diputada panista pidió explicar la estrategia de seguridad aplicada en el reciente proceso electoral. Indicó que, al corte de octubre, se habían registrado 71 eventos de violencia político-electoral en Veracruz, la mayoría de ellos letales, y que solo en mayo ocurrieron 14 ataques. Mencionó el asesinato de un candidato en Coxquihui y de su hijo que lo sustituyó en la candidatura, el doble atentado contra la presidenta municipal de Santiago Sochiapa, así como las agresiones contra el alcalde de Coxquihui, Lauro Becerra, su chofer y su padre. Preguntó qué hará la SSP para garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanía en futuros procesos.

La diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del grupo legislativo mixto Veracruz Nos Une, reiteró que el secretario no respondió con precisión varias de sus preguntas iniciales. Pidió aclarar “qué fue lo que falló” en el reclusorio de Tuxpan, incluyendo el uso de drones, y las estrategias frente a los ataques a taxistas y al transporte público.

Valdés solicitó además información detallada sobre los operativos de seguridad en Poza Rica y en la zona norte del estado, donde dijo que, pese a la emergencia por desastres recientes, la población continúa reportando robos y balaceras. Preguntó qué hará la SSP para que, además de las labores de apoyo por la tragedia, se contenga la incidencia delictiva en la región.



Proceso electoral y despliegue

El secretario informó que durante el proceso electoral se otorgó seguridad a 203 candidatas y candidatos de alcaldías y regidurías, con un despliegue aproximado de 500 elementos. Explicó que el número final se redujo a 137 debido a renuncias voluntarias y que las autoridades electorales pidieron quitar las medidas cautelares. Reportó que se cubrieron 3 mil 150 eventos públicos y 324 cierres de campaña en coordinación con fuerzas federales.

Detalló que se registraron incidentes en ocho municipios y cinco homicidios vinculados al proceso, sin necesidad de repetir elecciones. Aseguró que el OPLE evaluó como positivo el mecanismo de coordinación implementado.



Reyes afirmó que la SSP prepara la construcción de un nuevo penal y que se realizan revisiones permanentes en los centros de reclusión. Señaló que se incrementó en 50 por ciento el salario de custodios con el fin de fortalecer el personal operativo y evitar nuevos motines como el ocurrido en Tuxpan.

Precisó que la entidad cuenta con penales mixtos pero con áreas separadas para hombres y mujeres, además de 16 estancias para madres privadas de la libertad con programas de convivencia con sus hijas e hijos hasta los tres años.

Indicó que el 100 por ciento del personal de la SSP ha sido evaluado en control y confianza y que 6 por ciento no aprobó. Explicó que los casos reprobados se turnan a Asuntos Internos para iniciar investigaciones y que las resoluciones se emiten en la Comisión de Honor y Justicia, con oportunidad de defensa para las personas evaluadas.



El secretario informó que la dependencia ha realizado 962 operativos de Ruta Segura, acciones en bares y cantinas, puntos de observación y vigilancia en 2 mil 418 unidades de transporte público. Señaló que se han atendido 5 mil 353 medidas de protección, de las cuales mil 323 corresponden al programa específico de protección a mujeres.

Reyes explicó que las personas migrantes rescatadas se ponen a disposición del Instituto Nacional de Migración para la aplicación del protocolo correspondiente. Afirmó que la SSP mantiene atención a quejas contra elementos policiales, incluso las presentadas de forma anónima, mediante investigaciones a cargo de Asuntos Internos.

Sobre la zona norte del estado, indicó que permanece activo un despliegue especial denominado “refuerzo norte”, realizado en coordinación con fuerzas federales, que ha derivado en detenciones y reducción de delitos de alto impacto.



Finalmente, reportó que operan 185 policías municipales con capacidades distintas según su presupuesto y contexto. Señaló que la SSP coordina con ellas tareas de patrullaje y respuesta con base en mapas de calor, en los que los municipios atienden delitos de menor complejidad y el Estado y fuerzas federales los de mayor impacto.