Subsidiamos nuestro propio fin, invertimos más en destruir ecosistemas que en protegerlos: GEF

De retos mayúsculos como la presencia del narcotráfico en áreas naturales protegidas; de la vulnerabilidad económica en comunidades locales por la pérdida de biodiversidad; del vínculo entre violencia, cambio climático y migración; de la deforestación en la selva lacandona para satisfacer la demanda China a través del crimen organizado; de la necesidad de un cambio de paradigma para enfrentar los temas ambientales, y mucho más, habla en entrevista Carlos Manuel Rodríguez, director ejecutivo y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

El GEF es la principal fuente de recursos financieros para proyectos ambientales en el mundo; asociación para la cooperación internacional en la que 186 países trabajan de la mano con instituciones, organizaciones de la sociedad civil y sector privado para hacer frente a la pérdida de diversidad, el cambio climático, la contaminación y las presiones sobre la salud de la Tierra y los océanos.

Durante su gestión, a lo largo de tres periodos, como ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Rodríguez fue pionero en el desarrollo de iniciativas y estrategias de Pago por Servicios Ecosistémicos para la restauración de bosques, la conservación de los océanos y la descarbonización. Duplicó el tamaño de sus bosques, convirtió su sector eléctrico en 100 por ciento limpio y renovable, y consolidó el Sistema de Parques Nacionales que ha posicionado al país centroamericano como un destino ecoturístico de primer orden. En 2023 fue incluido en la lista de 100 líderes climáticos más influentes por la revista Time. El 19 de junio pasado fue reelecto para un periodo de cuatro años más como presidente del GEF por los 32 miembros del Consejo en representación de los 186 países miembros.



En su paso reciente por México, accede a una entrevista.

-Junto con 193 gobiernos, el de este país firmó en diciembre 2022 el Convenio sobre la Diversidad Biológica cuya meta 3 plantea proteger al menos 30 por ciento del territorio (marino y terrestre) para el 2030. ¿Qué tiene que pasar o quiénes tienen que hacer qué, para alcanzar esa meta?

-La meta no es solamente identificar las áreas que tienen un acervo ecológico importante, o cuáles son aquellas que deben restaurarse. El 30 por ciento es la combinación de proteger lo que se conserva y restaurar lo degradado. Es un trabajo científico, pero también político y financiero. El nuevo paradigma es trabajar con los habitantes. Antes llegaban los científicos, hacían la valoración, determinaban el polígono a proteger y luego se reubicaba a la gente, con una compensación o pago. Pero hay comunidades campesinas, indígenas, afrocaribeñas, con fuerte arraigo al territorio y aun cuando pudieron ser compensados y los gobiernos cumplieron con la ley, se afectó su acervo cultural, los valores originales y ancestrales. A diferencia de Brasil y algunos otros países, ya no tenemos territorios inhabitados, todos tienen gente, entonces para alcanzar el 30 por ciento de protección hay que tener claridad. No es lo mismo un territorio donde solo hay flora y fauna que uno donde además hay 5 mil habitantes con una economía de subsistencia dentro del área protegida. A todo esto, hay que considerar que México tiene capas de complejidades que otros países no tienen, por ejemplo, el crimen organizado.



“¿Cómo haces que esa economía de subsistencia sea compatible con la conservación? El tema es político. Hay que ver cómo convertir el área protegida en una oportunidad de manera que la economía local genere prosperidad para la gente: agua, biodiversidad, turismo, un fuerte beneficio. México debe tener claras las categorías y que estén contenidas en el marco legal y que haya recursos financieros con ese fin. Y para eso están los recursos del GEF, para ayudar, planificar y desarrollar acciones que hagan que este país tenga más capacidad para llegar al 30 por ciento con un potencial para esa economía local”.

El beneficio de proteger el 30 por ciento de mar y tierra está muy ligado, en el caso de México, a la adaptación al cambio climático, advierte Rodríguez. Y es que “más del 50 por ciento del territorio está degradado y sufre sequía, con miles de millones de personas viviendo ahí que van a terminar migrando a Ciudad de México, Guadalajara o Puebla, porque en sus territorios no van a tener una economía de subsistencia. En la República Mexicana hay 11 estados en este momento que sufren estrés hídrico y en diez años serán 22. Entonces, proteger el 30 por ciento es una inversión de resiliencia al cambio climático. Y, sin duda, los beneficios que da la biodiversidad están en la economía local”.

Le pregunto sobre las “declaratorias de papel”, aquellas que se decretan como Área Natural Protegida (ANP), pero sin asignación de presupuesto. En parte, dice, se debe a los vaivenes sexenales y a las prioridades de cada gobierno. México tiene muchos recursos públicos “y podría hacer un mejor papel en movilizarlos para la conservación”. Menciona por ejemplo el Programa de Pagos de Servicios Ambientales de la CONAFOR. Consiste en pagarle a los dueños de los bosques por el carbón y el agua que capturan. Se invertían 200 millones de dólares cada año. Fue muy exitoso, igual que el Proyecto Mariposa Monarca donde el pago de los servicios ambientales se convirtió en opción para las comunidades y la deforestación bajó. Sin embargo, “este programa se ha desfinanciado en un 60 por ciento en los últimos años. Esperamos que México camine hacia cierta estabilidad en ese sentido”.



En el momento de la entrevista hay 140 incendios forestales en México. Comenta: “Y esto apenas comienza. Hay un nexo muy claro entre incendios forestales, degradación de suelos, impacto del cambio climático y migración con el tema de la violencia. La gran migración de mexicanos hacia el norte está asociada a las pocas oportunidades de los hijos de los campesinos de poder tener una vida digna en su territorio. Un territorio cada vez más seco, con menos agua cada día y más incendios forestales. Las opciones que les quedan son muy limitadas, o se unen al narco y a los grupos violentos, o migran. Es una calamidad. Durante décadas hemos hecho estudios en el Trifinio, cuenca compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador, y es clarísimo el nexo entre degradación de suelo y migración”.