Suprema Corte exhibe mala labor del Congreso morenista de Veracruz

Durante este 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado distintos decretos y disposiciones del Congreso del Estado impugnados mediante acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Incluso, los ministros han emitido exhortos a los legisladores locales para que se abstengan de incurrir “en vicios” al aprobar Leyes que en algunos casos han ido en contra de tratados internacionales.

Luego de los fallos y correcciones del máximo tribunal se reportó extraoficialmente la destitución de la subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, Georgina Maribel Chuy Díaz, a inicios de este diciembre.



Revés tras revés

En total la LXV Legislatura del Congreso local, con mayoría morenista, suma al menos 16 reveses contra de decretos y leyes, así como acuerdos del pleno. Las acciones de inconstitucionalidad han sido solicitadas principalmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en un caso por el Poder Ejecutivo Federal.

Entre los fallos contrarios al Congreso destaca la Reforma Constitucional en materia Electoral, publicada por medio del decreto 576 con fecha 20 de julio de 2020. Entre varios cambios el Congreso dictaminó un recorte a las prerrogativas de los partidos, la eliminación de los 212 consejos municipales electorales, y el no someter a consulta ciudadana la revocación del cargo del Gobernador del Estado.



El pasado 23 de noviembre la Suprema Corte invalidó dicho decreto por falta de una consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas, tras desahogar las acciones de inconstitucionalidad 148, 150, 152, 153, 154, 229, 230 y 252 que presentaron los Partidos Podemos, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano.

Días después, el pleno declaró la invalidez total del Decreto 580 por el que se reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones del Código Electoral y se reforman los artículos 22 y 171 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado el 28 de julio de 2020, los cuales se desprendieron de la reforma a la Constitución en materia electoral.

Las Acciones de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020, fueron promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Local Unidad Ciudadana del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,



Además, la Primera Sala igual declaró parcialmente la inconstitucionalidad de la intervención de la Tesorería del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, dictaminada por el Congreso de Veracruz el pasado 4 de julio, al resolver la controversia constitucional 267/2019.

Apenas el 9 de diciembre, los ministros declararon inválidas las leyes de ingresos 2020 de los 212 municipios, aprobadas previamente por la LXV Legislatura, determinando que los cobros excesivos de los ayuntamientos y restricciones a las actas de nacimiento extemporáneas vulneraban el derecho a la identidad de las personas, además de vulnerar el derecho a la información pública.

En la discusión se pidió que, en lo futuro, el Congreso del Estado se abstenga de incurrir “en vicios de inconstitucionalidad” al aprobar leyes. La acción fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



De acuerdo con una solicitud de Información, hasta el mes de septiembre la actual LXV Legislatura sumaba 7 acciones de inconstitucionalidad; una de 2018; 5 de 2019 y una de 2020, cuando todavía no se concretaban las múltiples impugnaciones a la fallida Reforma Electoral.

El martes 22 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una fracción del artículo 17 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar de Veracruz, por violar el principio de seguridad jurídica al permitir el uso de medios alternativos para resolver casos de violencia familiar o de género. Dicha fracción buscaba evitar que un juez interviniera y dictara sanciones penales o medidas cautelares, a cambio de que las partes llegaran a un acuerdo negociado entre víctima y victimario. La Acción de inconstitucionalidad 99/2019 fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal.

El 29 de junio, la Corte también invalidó una porción de artículo de la Ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas del estado, impulsada por la mayoría morenista coordinada por Juan Javier Gómez Cazarín.



El artículo 31 de la Ley Número 236 para la Declaración Especial de Ausencia permitía que, en la recuperación de bienes en casos de personas ausentes que reaparecen, bastaría la existencia de indicios de que la persona hizo creer su desaparición de manera deliberada con el fin de evadir responsabilidades, para que ésta solamente pudiera recobrar sus bienes en el estado en el que se hallaren, sin poder reclamar los frutos, productos o utilidades que los bienes generan, ni rentas.

La SCJN resolvió la Acción de inconstitucionalidad 44/2019 promovida por la CNDH, determinando que la mera existencia de indicios no es suficiente para tener por acreditada, en la vía civil, la posible simulación de una desaparición. Por tanto, estableció el Pleno, la disposición resultaba violatoria de las garantías de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política, así como de los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Cabe señalar que todavía está pendiente de análisis la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la CEDH demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley 248 de Comunicación Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial local de 17 de mayo de 2019.