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Sección: Estado de Veracruz

Suspende Gobierno de Veracruz a 2 notarios de Córdoba por procesos penales

Ambos son señalados de fraude específico y fraude procesal contra procuración de justicia y del patrimonio

Claudia Montero Xalapa, Ver. 21/04/2026

alcalorpolitico.com


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Dos notarios públicos con sede en Córdoba fueron suspendidos del ejercicio de sus funciones tras ser vinculados a proceso por delitos de carácter doloso, de acuerdo con acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Estado.

Se trata de Ernesto G. L., titular de la Notaría Pública número 8, y Carlos Javier Limón Sánchez, titular de la Notaría Pública número 24, ambos pertenecientes a la Décima Cuarta Demarcación Notarial con residencia en ese municipio.

Las resoluciones, emitidas por la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, establecen que la suspensión se deriva de autos de vinculación a proceso dictados en su contra por la presunta comisión de delitos dolosos.

Él enfrenta cargos por fraude específico y fraude procesal en agravio de la procuración y administración de justicia, así como del patrimonio, dentro del proceso penal 344/2024.

Por su parte, Carlos Javier L. S. también fue vinculado a proceso por los mismos delitos, según consta en el expediente judicial referido por la autoridad estatal.

Las autoridades precisaron que la suspensión de ambos fedatarios será temporal y permanecerá vigente hasta que las sentencias correspondientes causen ejecutoria, momento en el que se determinará su situación definitiva conforme a la Ley.

Para garantizar la continuidad de los servicios notariales y evitar afectaciones a los usuarios, se designaron encargados de despacho en cada caso. En la Notaría número 8 fue nombrado Rodrigo Assam Hinojosa, mientras que en la Notaría número 24 asumirá funciones Rogelio Hernández Rodríguez, quienes estarán facultados únicamente para concluir trámites pendientes, expedir testimonios y certificaciones.

El encargo de ambos sustitutos será por un periodo máximo de 90 días naturales, tras el cual deberán entregar el protocolo y archivo a la autoridad correspondiente para su resguardo.

Hasta el momento, las autoridades no han hecho públicos los detalles específicos de los hechos que dieron origen a las acusaciones.