La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) enfrenta crisis financiera y administrativa de gran escala que ha derivado en la suspensión de actividades académicas en varias regiones del Estado, luego de que más de 5 mil docentes y directores denuncian la falta de pago de sus honorarios, en algunos casos por periodos que superan un año.
El conflicto, que se ha intensificado en las últimas semanas, mantiene sin clases a cientos de estudiantes y ha provocado movilizaciones en distintos municipios, ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades.
Alcalorpolitico.com realizó una recopilación de los casos y evidencia que el problema se arrastra desde administraciones anteriores, pero se ha agravado en el presente año debido a retrasos sistemáticos en la dispersión de recursos.
Docentes entrevistados en manifestaciones señalan que, pese a que los estudiantes han cumplido con sus aportaciones económicas, los pagos al personal académico no se han reflejado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la administración de los fondos.
En Xalapa, Jáltipan y Orizaba se han documentado algunos de los casos más representativos. En Jáltipan, docentes de programas de maestría suspendieron asesorías tras acumular hasta 16 meses sin recibir remuneración. En Orizaba, profesores se manifestaron y bloquearon calles para exigir el pago de al menos 2 cuatrimestres vencidos, al advertir que la situación es insostenible.
En la Capital del Estado, el impacto también es visible. Al menos 300 estudiantes de la licenciatura en Psicología permanecen sin clases desde el 11 de abril, tras el paro de docentes que exigen la regularización de pagos. Los alumnos denunciaron que, además de la ausencia de maestros, enfrentan la falta de espacios adecuados para recibir clases, lo que incrementa la incertidumbre sobre la continuidad de su formación.
“Estamos siendo afectados, sobre todo quienes estamos por concluir la carrera”, señalaron representantes estudiantiles, quienes además advirtieron que trámites administrativos como titulaciones, constancias y procesos de egreso permanecen detenidos desde hace más de un mes.
Docentes consultados refieren que la crisis no sólo es financiera, sino también estructural. Entre los factores que han agravado el conflicto mencionan la eliminación de figuras de coordinación, la revisión de contratos que ha dejado a trabajadores sin certeza jurídica y la implementación de un decreto en enero pasado que, aseguran, ha complicado la regularización del personal académico.
A pesar de que el movimiento magisterial ha sostenido mesas de diálogo con autoridades, las respuestas han sido calificadas como parciales. Indicaron que algunos pagos se han realizado a personal administrativo bajo esquemas no formalizados; sin embargo, la mayoría de los docentes frente a grupo continúa sin recibir sus ingresos.
La comunidad universitaria ha dirigido oficios a autoridades estatales y educativas para exigir una solución inmediata, sin que hasta el momento exista un calendario claro de pagos. En respuesta, se les ha solicitado esperar entre 4 y 5 semanas para obtener información, lo que ha sido rechazado por los afectados.
Ante este panorama, docentes han advertido que continuarán con paros, movilizaciones y posibles bloqueos carreteros hasta que se cubra la totalidad de los adeudos. Por su parte, estudiantes demandan certeza académica y garantías para la validez de sus estudios, en medio de una crisis que amenaza con prolongarse y profundizar el deterioro del modelo educativo de la UPAV.