Teresa Carbajal advierte de prácticas abusivas en el sistema financiero no bancario

Dado que en el país persisten prácticas financieras abusivas que operan con impunidad, El Barzón de Resistencia Civil presentó la Agenda Financiera Social 2026, a partir de la experiencia cotidiana de miles de familias mexicanas que enfrentan endeudamiento, despojo patrimonial y abusos por parte del sistema financiero no bancario.

A nombre de la organización, la Coordinadora Teresa Carbajal señaló que dicha impunidad parte por los vacíos legales y por la supervisión insuficiente por parte del Estado.

Señaló como uno de los principales focos de riesgo a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), las cuales, sin ser bancos, cuentan con facultades que les permiten realizar descuentos directos vía nómina, lo que mantiene atrapados a trabajadores en esquemas de deuda desproporcionados y poco transparentes.



El Barzón RC denunció además una práctica que calificó como grave violación a los derechos humanos: el embargo de la Pensión para el Bienestar.

Expuso que, al no estar reconocida legalmente como inembargable, financieras y despachos de cobranza presionan a adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas sociales, afectando ingresos que en muchos casos representan su único sustento. Ante ello, la organización impulsa la llamada Ley Myrna para frenar este tipo de acciones.

Otro de los señalamientos se dirigió a las cesionarias de derechos litigiosos y adjudicatarios, empresas que adquieren carteras vencidas a bajo costo y posteriormente cobran montos elevados, concentrando miles de viviendas e incluso fraccionamientos completos.



Indicó que estas prácticas han generado desalojos masivos, donde las familias ya no enfrentan a instituciones bancarias, sino a inversionistas cuyo negocio es la compra y reventa de juicios y derechos, muchas veces sin procesos claros.

Como parte de los pendientes para este año, el Barzón RC retomó el tema de las casas de empeño, donde denunciaron avalúos bajos y contratos con cláusulas ocultas que derivan en la pérdida del patrimonio de miles de personas, a través de los llamados empeños amañados.

Asimismo, demandó la atención urgente al proceso de recuperación de créditos tras la extinción de Financiera Rural, al señalar que los acreditados viven en incertidumbre sobre el destino de sus tierras. En este punto exigieron al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) asumir su responsabilidad y establecer mecanismos claros para una negociación justa.