Tierra Blanca hace cuestionarnos sobre la capacidad de aprender del pasado

“Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron: el Distrito Federal en 2 mil 350 casos; Estado de México 791; Tamaulipas 613; Veracruz 468; Sonora 442; Chiapas 405; Jalisco 354; Oaxaca 349; Nayarit 302, y Michoacán 299”, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

En septiembre de 2014, recordó, “el Caso Iguala nos indignó y movilizó ante la barbarie generada por la colusión entre algunas autoridades y el crimen organizado”.

“Hoy, a poco más de un año, un caso como Tierra Blanca, en el que pareciera repetirse ese vínculo funesto, nos hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender del pasado y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones”, exhortó.



Por ello, urgió “replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable, para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente”.

En el marco del informe de actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, González Pérez, manifestó, “es de destacarse que en el ámbito de la CNDH durante 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 423 personas”.

“De este conjunto en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría una presunta desaparición forzada de personas. En cuanto a los lugares en los que se señaló la desaparición de personas con mayor recurrencia fue el Estado de Guerrero seguido por Coahuila, Tamaulipas y Veracruz”.



Por otro lado, informó, “durante 2015 este organismo nacional emitió 60 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, entre las cuales destacan, el IMSS señalado en 13 recomendaciones, la Comisión Nacional de Seguridad en 7, el Gobierno del Estado de Chiapas, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración y la PGR, cada una de ellas con tres recomendaciones”.

Resaltó, “los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones fueron diversas, comprendiendo cuestiones que abarcaron, entre otras, desde casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión, afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración”.

Continúo, “hasta el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, el daño o menoscabo al patrimonio cultural de la nación, cuestiones vinculadas al medio ambiente, así como a nivel de vida y desarrollo de las personas”.



Denunciar pública y decididamente:

En tanto, precisó, “la atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la sola emisión de las recomendaciones, ya que es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual, en caso de que las autoridades responsables las acepten. Así como denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presenten para su cumplimiento”.

En razón de ello, agregó, “como consecuencia de las recomendaciones emitidas, este año, 2015, se dio atención y seguimiento a 469 denuncias penales y 187 quejas administrativas, mismas que han dado origen a la aplicación de sanciones administrativas a 41 servidores públicos, y 58 denuncias consignadas ante las distintas procuradurías.



“El cumplimiento de las recomendaciones aún enfrenta demoras sensibles, por lo que en 2016 se buscará fortalecer esta área. La promoción, integración y seguimiento de las denuncias administrativas y penales es una forma en la que la CNDH puede lograr que el contenido de sus recomendaciones efectivamente se cumpla”, apuntó.

Tres informes especiales:

Por otra parte, indicó, “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2015 tres informes especiales, mediante los cuales se ponen de manifiesto problemáticas de derechos humanos en los que atañe a la situación de mujeres en reclusión, al estado prevaleciente en los centros de Tratamiento para Adolescentes que infringen las leyes penales y a la operación de grupos civiles armados en el Estado de Michoacán”.



Del mismo modo, comentó, “se elaboró y publicó un pronunciamiento respecto de la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país”.

Con mayor frecuencia:

En materia de quejas, aclaró, “las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos en los escritos de queja fueron: el IMSS en 2 mil 185 casos, el Órgano administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 308; la Policía Federal 783; la PGR 761; el ISSSTE 705; el Instituto Nacional de Migración 688; la Sedena 620; la SEP 548; la Semanart 373 y la CFE 316.



Expuso, “si agrupamos las autoridades señaladas como presuntamente responsables de algún abuso de poder por sectores, tendríamos que respecto del sector salud se habrían presentado 3 mil 70 quejas, mientras que en el sector seguridad se habrían registrado 3 mil 24 y en el sector educativo 702”.

Poniendo a prueba las instituciones:

En el informe se alude a casos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Tanhuato, señaló, “los cuales han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país, poniendo a prueba las instituciones, incluida la CNDH, y evidenciando las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, desde hace muchos años, a diversas problemáticas sociales, así como la debilidad del Estado de derecho en varias regiones del país. La CNDH ha atendido todos estos casos desde sus primeros momentos y lo continuará haciendo”.



Con relación al caso Iguala, manifestó, “desde el mes de julio el organismo nacional a mi cargo presentó el documento denominado “Estado de la investigación del caso Iguala”, en el cual se formularon 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos y coadyuvar al debido desarrollo de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes, comprendiendo todos los planteamientos hechos por los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos, sus representantes, organizaciones sociales y académicos”.

En dicho documento, advirtió “la necesidad de fortalecer las investigaciones que las autoridades llevan a cabo, consolidando los medios de convicción que las sustentan, ya que, en caso contrario, podrían existir omisiones o deficiencias en las mismas que trajeran como consecuencia que los responsables no pudieran ser sancionados y los hechos quedaran impunes”.

“Para la CNDH el “Caso Iguala” es un expediente abierto, cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en la cual, es preciso que en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos, sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas”, dijo.



En Apatzingan, sostuvo, “como lo he referido, este Organismo Nacional emitió una recomendación que ha puesto de manifiesto la subsistencia de prácticas tales como ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, así como omisiones e inconsistencias en las actuaciones ministeriales, cuestiones que es necesario sancionar conforme a derecho y prevenir que se vuelvan a presentar. En ningún caso podemos permitir la impunidad”.

Por el contrario, indicó, “la investigación de estos asuntos debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto de la dignidad humana”.

Concluyó Luis Raúl González Pérez, “México necesita que todas sus instancias, recursos y capacidades actúen y se apliquen a la causa de la dignidad humana”.