Trabajadores del PJF temen perder plazas por evaluaciones “subjetivas”

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) protestaron este viernes en Xalapa contra las posibles irregularidades en las evaluaciones de desempeño que, acusaron, podrían utilizarse para retirarles sus plazas y dejar su permanencia laboral a criterio de sus superiores.

Jennifer Ordóñez Villalobos, delegada del Sindicato Nacional de Renovación en Xalapa, Emiliano Zapata y Villa Aldama, advirtió que el personal no rechaza los exámenes de conocimientos, sino las valoraciones de desempeño realizadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, debido a sus posibles consecuencias laborales. "Lo que rechazamos y lo que verdaderamente nos preocupa es el modelo de evaluación que pretende dejar a manos de las personas titulares la valoración del desempeño", sostuvo.

La representante sindical cuestionó que las calificaciones puedan depender de apreciaciones subjetivas, sin criterios que garanticen imparcialidad y permitan a los trabajadores defender su permanencia. "La evaluación no puede convertirse en un instrumento de presión, subordinación o castigo", señaló.

Ordóñez Villalobos exigió al Órgano de Administración Judicial revisar las disposiciones que contemplan consecuencias laborales por los resultados de las evaluaciones, así como impedir que se utilicen para justificar despidos, reubicaciones arbitrarias o pérdida de plazas.

Sostuvo que las medidas deben respetar los derechos adquiridos, las condiciones generales de trabajo y las garantías previstas en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial. "Una base no es un privilegio", afirmó al defender la estabilidad laboral del personal que obtuvo su plaza conforme a los procedimientos establecidos.

La dirigente recordó que durante la reforma judicial se ofreció respetar los derechos de los trabajadores, compromiso que, consideró, podría verse comprometido por los mecanismos de evaluación.

"No nos oponemos a los exámenes ni tenemos temor a demostrar nuestros conocimientos", insistió.

El acuerdo que regula las evaluaciones fue publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Establece que la primera evaluación, programada para diciembre de 2026, tendrá carácter diagnóstico y sus resultados no podrán utilizarse para determinar la permanencia o separación del personal.

El Órgano de Administración Judicial también aseguró que esa primera etapa no provocará despidos ni pérdida de plazas y que posteriormente se aplicarán evaluaciones ordinarias.

Pese a ello, el sindicato pidió garantizar que las siguientes evaluaciones no se conviertan en un mecanismo para retirar derechos laborales y que las deficiencias detectadas se atiendan mediante capacitación, en lugar de sanciones.