Estudiantes de la licenciatura en Pedagogía de la UV, región Xalapa, presentaron su trabajo recepcional, titulado: Las reformas de la educación básica en México: los sexenios presidenciales de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el 3 de febrero en la Facultad de Pedagogía.
Los autores, Guadalupe Matla Valdivia y Luis Arturo Ortega Silverio, realizaron un análisis crítico y comparativo de estas reformas, mismo que contribuye a la comprensión de los fundamentos normativos, intenciones, alcances y limitaciones de las reformas educativas recientes, aportando al debate académico sobre la gobernanza educativa. Estas reformas responden no sólo a proyectos pedagógicos distintos, sino a visiones ideológicas y políticas sobre la educación diametralmente opuestas.
En su disertación, señalaron que las reformas educativas son intentos macro, de arriba hacia abajo, por transformar el sistema educativo a través de políticas y normativas que son impulsadas desde el Estado.
Para los sustentantes, el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se desarrolló en un contexto político y social marcado por una combinación de expectativas de modernización, profundas tensiones sociales y una creciente desconfianza hacia las instituciones públicas. El Estado buscó recuperar la rectoría del sistema educativo, que durante décadas estuvo intervenido por las dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La reforma educativa emprendida en este gobierno estableció como mandato que la educación impartida por el Estado fuera de calidad y con equidad para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Con esta intención se reformaron los Artículos 3° y 73° constitucionales, se modificó la Ley General de Educación, y se crearon la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Se propuso un sistema de evaluación docente para el ingreso, promoción y permanencia, basado en el mérito, la competencia profesional y los resultados a través de pruebas estandarizadas. Este enfoque punitivo de la evaluación violentó los derechos laborales del magisterio y obstaculizó el desarrollo de una cultura de mejora continua, lo que generó tensión entre el Estado y el gremio docente.
En la reforma educativa impulsada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se reafirma la educación como un derecho humano y un bien público irrenunciables, lo que obliga al Estado a asegurar su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, principios alineados con los estándares internacionales de la UNESCO.
El Estado asumió la rectoría de la educación desde un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y cultura de paz, integrando valores como honestidad, solidaridad, justicia y respeto a la dignidad humana.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) se presentó como un modelo humanista y transformador. Este modelo buscó sustituir la visión tecnocrática de la calidad educativa por una de excelencia con sentido humano. La escuela como espacio de encuentro en el que se construyen proyectos colectivos, pertinentes y situados.
Esta reforma se propuso dignificar la profesión docente mediante el fortalecimiento de su autonomía pedagógica, respeto a derechos laborales y reconocimiento de su labor. Para esto, se sustituyó el modelo de evaluación obligatoria, vinculada con la permanencia en el empleo, y estandarizadas de la reforma educativa de 2013 por evaluaciones diagnósticas, regionales y contextuales, y un sistema integral de carrera docente.
La diferencia fundamental entre la reforma de 2013 y 2018 radica en el horizonte normativo y político desde el cual se concibe a la educación: tecnocrático y evaluativo en el sexenio de Peña Nieto; humanista, comunitario y de derechos humanos en el sexenio de López Obrador.
Las reformas y políticas educativas analizadas han contribuido parcialmente a atender rezagos históricos, pero no han logrado consolidar un modelo educativo plenamente estable, equitativo y sostenible.
La educación en México continúa enfrentando retos estructurales que requieren políticas estables a largo plazo, coherencia normativa y una articulación efectiva entre el marco legal, la práctica pedagógica y las condiciones sociales.
El jurado designado para la valoración del trabajo recepcional estuvo constituido por María de los Ángeles González Hernández, Carlos Alonso Pulido Ocampo, y el director del trabajo Jorge Chacón Reyes, académicos de la Facultad de Pedagogía.
Una vez realizada la deliberación sobre el documento escrito, la disertación y defensa de los estudiantes, el jurado determinó proponer la Mención Honorífica.