Transformación de Veracruz y abogados

No podemos ignorar que, para la Constitución Política de México, artículo 116 fracción III, “El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.” A partir de una interpretación restringida del precepto, el comentario que se presenta enseguida carecería de implicación alguna. Pero, puesto que los fiscales y los defensores públicos, según alguna teoría, son coadyuvantes de los tribunales, ¿Quién sabe qué repercusiones o consecuencias podría tener?

La cuestión que hoy nos ocupa es ¿A dónde van a ser desplazados los juristas o abogados en el sexenio de gobierno que se aproxima? Porque el proceso continúa: ellos son lanzados de cargos para los que otrora se consideraban profesionistas idóneos. Por ejemplo, en la Universidad Veracruzana el último rector/abogado fue Emilio Gidi Villarreal en el periodo 1992-1997. Después un rector-psicólogo, un rector-economista; y, ahora, una rectora-antropóloga, pero, a pesar de que hoy como nunca en la historia de la UV hay excelentes juristas, docentes e investigadores, ¡Cuidado, que no vaya a llegar a rector otro…abogado!

En su libro Ética Profesional para el ejercicio del Derecho (1993), Eugenio Trueba Olivares recuerda que por medio de la fórmula «Paz con justicia», Carnelutti ha querido exaltar el papel estabilizador de la actividad jurisdiccional y de la abogacía, por lo que se pregunta: ¿Cómo es, entonces, que tal profesión junto con la judicatura, han sido y son todavía objeto de toda clase de censuras, prevenciones, menosprecio y burlas? Su respuesta: “…nos consuela que ello pueda obedecer a exigencias directamente vinculadas a la importancia y alto rango que tiene el Derecho y los valores comunitarios que maneja.”



En la Introducción a un interesante libro, Los abogados y la formación del Estado Mexicano (2013), Héctor Fix Fierro comenta que perdura hasta nuestros días el dicho, de origen alemán, “Los juristas son cristianos malos” (y no meramente “malos cristianos”, aunque también incluye este sentido). Este dicho —asevera Fix Fierro— refleja una opinión que perdura hasta nuestros días y que se encuentra bastante extendida en las sociedades contemporáneas, aunque quizá ya no con la referencia religiosa.

Un poco más adelante, este autor explica: “La escasa simpatía social que despierta el gremio —sin juzgar si es merecida o no— encuentra su fundamento en el doble rol de la profesión: por un lado, los abogados son intermediarios entre la sociedad y las instituciones públicas, en particular el aparato de justicia, pero, por el otro, también son representantes del poder establecido, porque trabajan con uno de los elementos primarios del Estado: la ley. Más aún, la cercanía de los abogados con el Estado y sus leyes los ha llevado a convertirse en actores relevantes del proceso de construcción institucional, con lo cual se convierten también de manera más o menos directa, en actores políticos.”

A nosotros no nos cabe la menor duda de que en el proceso de separación Iglesia y Estado, se benefició más la Iglesia que el Estado (aunque ahora colaboren mutuamente como cónyuges bien avenidos). El Derecho, sin embargo, es hijo de la Política. Aunque se corte el cordón umbilical, el primero conserva una carga genética de procedencia maternal. Esto significa que no es posible la separación absoluta. Sería una ingenuidad por parte de los próximos gobernantes pretender prescindir de los abogados, pero sería un punto a su favor que los pusieran en su lugar, en nombre de un gobierno republicano.



¿Cuál es su lugar? Tenemos una pista por parte de quienes han estudiado estas cosas: los profesionales del derecho tienen ahora la importancia social y política que los juristas de las décadas de 1960 y 1970 temían estar perdiendo. Hay cambios muy significativos y los problemas se plantean de una manera diferente. Lo que ahora se desea no es que el derecho sea instrumento de desarrollo sino fundamentalmente un proveedor de seguridad jurídica y garantía de los derechos humanos. El lugar de los abogados primordialmente, aunque no únicamente, es el Poder Judicial o, mejor dicho, el órgano judicial, dentro del cual se deben distinguir dos funciones básicas: una, jurisdiccional y, otra, judicial.

Digamos, sin rodeos, que esto es todo un esplendor, ya que, por definición, el Poder Judicial es el poder de la razón. Por un costado, los tribunales y los jueces son titulares de la función jurisdiccional y, ya que el Ministerio Público y la Defensoría Pública son funciones judiciales (no jurisdiccionales), entonces, por el otro costado, los titulares de la función judicial (no jurisdiccional) resultan ser el Fiscal General (y sus fiscales) y los Defensores Públicos, respectivamente. Estos se sumarían al personal del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV), cuya función también es judicial, pero no jurisdiccional.

Por el afán de tener cercado al Poder Judicial, las cosas no están así. Unos, los fiscales, están en la Fiscalía General que supuestamente es un organismo autónomo de Estado (en los hechos se ha mostrado que esto no es cierto, pues los Fiscales Generales ha resultado ser amanuenses del titular del Poder Ejecutivo); y, otros, los defensores públicos, se encuentran en la Defensoría Pública, que abiertamente y en última instancia, es una dependencia de la Secretaría de Gobierno.



Unos y otros debieran estar en el tramo de control del Poder Judicial. Porque, dicho sea de paso, la investigación de los delitos es una función de las policías (o de seguridad pública) que debe estar fuera de la Fiscalía General. A este respecto, existen ejemplos en otras entidades federativas de la República.

La percepción que domina en esta época es que los jueces son importantes, que son los árbitros indispensables para el funcionamiento de una economía de mercado y de una sociedad democrática. Simultáneamente existe la percepción que los jueces reales no están a la altura del alto desempeño que se espera de ellos. Estos personajes, olvidados por largo tiempo, son percibidos como poco calificados, con hábitos de obediencia al poder político, con tendencia a la corrupción o a formar redes perversas, con poca capacidad de asumir la justicia como un servicio público eficiente. Que no asombre a la judicatura un asalto más a las profesiones jurídicas, pues psicólogos y trabajadores sociales están levantando la mano para ser jueces.

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