Transportistas de región Orizaba repudian proyecto de casetas en la Córdoba-Mendoza

Con total rechazo fue recibido el anuncio que en horas recientes diera a conocer el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) tras formalizar el proceso de privatización parcial de la autopista 150-D, en su tramo Córdoba-Orizaba-Ciudad Mendoza.

La unión de taxistas independientes de la región de Orizaba, transportistas particulares de La Perla y Mariano Escobedo, así como empresas distribuidoras de productos y servicios, dicen que serán de las más afectadas en caso de concretarse esta resolución.

Celso Medina, de la Unión de Taxistas, señaló que con tal de recaudar recursos, el gobierno afectará la economía regional y congestionará la carretera federal afectando el libre tránsito. Dijo que mediante el lanzamiento de una licitación pública para la construcción y operación de dos nuevas casetas de cobro, se han generado críticas por la falta de transparencia, además que no se consultó a sectores a quienes lejos de beneficiarse se les afectará.



El transporista independiente de la zona de las altas montañas, Melquiades Mendoza Vásquez, explicó que el mayor problema está en las Cumbres de Maltrata, pero ahí el Gobierno no le quieren invertir porque tendrían que hacer una inversión millonaria. "Vimos que en la convocatoria oficial, aparece que la licitación LA-06-G1C-006G1C003-N-25-2025 busca la contratación de un Agente Administrador Supervisor (AAS) encargado de la gestión y supervisión del tramo carretero, bajo un modelo de Empresa de Participación Estatal Mayoritaria (EPEM). En este esquema, hablan de que el gobierno federal obtendrá el 51 por ciento de las acciones, mientras que la iniciativa privada el 49 por ciento consolidando un modelo de operación mixto con control compartido, o sea que el Gobierno no tiene dinero y está permitiendo la inversión privada", dijo.

Este proyecto contempla la modernización, ampliación y mantenimiento de 45.73 kilómetros de autopista, con una inversión estimada en 5 mil millones de pesos. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es la instalación de dos nuevas casetas de cobro.

De cinco días a la fecha, se han pronunciado representantes de cámaras empresariales, el Alcalde de Orizaba y organizaciones de transportistas, quienes han manifestado su preocupación ante la falta de diálogo y la opacidad en la presentación del proyecto. Es de mencionar que el proyecto fue incluido dentro del "Segundo Anuncio de Proyectos para Apuntalar la Reactivación Económica" del gobierno federal, bajo el argumento de mejorar la infraestructura vial y fomentar la inversión.