Tras arresto arbitrario, Roberto Velasco halló casos idénticos en Cuartel San José de Xalapa

Roberto Velasco II salió de casa la mañana del 18 de mayo rumbo a una clase del Doctorado en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Veracruzana. En el aula analizarían la novela Insensatez, de Horacio Castellanos Moya. No llegó.

A unos 500 metros del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias (IIL-L), en la esquina de la avenida 20 de Noviembre y General Adalberto Tejeda, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, según denunció el propio estudiante en una publicación difundida en redes sociales.

“Me insultaron, se burlaron de mí, me esposaron y me treparon a ‘la julia’ sin explicarme con claridad qué estaba pasando ni por qué me estaban deteniendo”, relató.

El estudiante aseguró que permaneció alrededor de 15 horas retenido en el Cuartel de San José “Heriberto Jara Corona”, donde dijo haber estado incomunicado y haber sufrido agresiones físicas y psicológicas. “Pasé alrededor de 15 horas encerrado en San José. Quince horas incomunicado”, escribió.

La denuncia provocó una reacción pública de la comunidad académica del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, que emitió un pronunciamiento para condenar los hechos y exigir el esclarecimiento de lo ocurrido.

Los académicos señalaron que recibieron información sobre una presunta detención arbitraria, hostigamiento, violencia e incomunicación contra un integrante del Doctorado en Literatura Hispanoamericana mientras realizaba actividades relacionadas con su formación universitaria.

“Consideramos extremadamente grave que un integrante de nuestra comunidad universitaria haya sido objeto de un acto de detención arbitraria y de un trato que vulnera principios fundamentales de dignidad, legalidad y derechos humanos”, expresó el instituto en el documento.

La comunidad académica afirmó que la dirección del IIL-L estableció contacto con la Coordinación de Atención Estudiantil de la Universidad Veracruzana para dar seguimiento al caso y solicitó que la Rectoría fije una postura pública.

Además, pidió que autoridades estatales y municipales revisen los protocolos de actuación policial y las prácticas de revisión y detención aplicadas por corporaciones de seguridad pública en Xalapa y en el resto del estado.

“Igualmente, demandamos que las autoridades municipales y estatales correspondientes realicen una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación policial”, señala el pronunciamiento.

Violaciones a derechos humanos

Tras recuperar su libertad, Velasco II comenzó a revisar antecedentes relacionados con el Cuartel de San José y documentó una serie de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en las que aparecen señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de seguridad pública.

Entre los casos mencionó la muerte de Carlos Navarro Landa, conocido como “El Área”, ocurrida en mayo de 2020 mientras permanecía bajo custodia policial. De acuerdo con el estudiante, la versión oficial atribuyó el fallecimiento a un infarto, aunque posteriormente la CEDH concluyó que existía responsabilidad institucional de la SSP.

También recordó el caso de Gustavo Ortiz Hernández, ocurrido en octubre de 2020. Según la publicación, el hombre murió tras haber sido trasladado al mismo cuartel. Años después, uno de los involucrados fue sentenciado por homicidio doloso.

El estudiante recopiló además recomendaciones de la CEDH relacionadas con denuncias por presunta tortura, golpes, asfixias, descargas eléctricas, amenazas, lesiones permanentes y violencia sexual denunciadas por personas detenidas entre 2017 y 2024.

Entre los expedientes referidos aparecen casos de integrantes de la comunidad LGBT+, motociclistas detenidos por faltas administrativas, una odontóloga que denunció agresiones durante una detención y una pareja que reportó presuntos actos de tortura física y psicológica.

“No hice una investigación exhaustiva. Rápidamente llegué a los expedientes, a los testimonios, a las recomendaciones oficiales”, escribió.

La publicación convirtió una experiencia individual en un cuestionamiento más amplio sobre el funcionamiento de las detenciones preventivas y las condiciones de retención en instalaciones policiales.

“Yo iba a una clase de doctorado y terminé esposado en San José. Otros entraron por una falta administrativa, por un supuesto reporte, por una revisión, por una acusación nunca explicada”, señaló.