Tras choques con ORFIS, otra vez cambios en Comisión de Vigilancia del Congreso

Para este jueves, en la Segunda Sesión Ordinaria del Congreso, se proyectan cambios en la integración de las comisiones.

De acuerdo con fuentes al interior del Congreso del Estado destaca que la Comisión de Vigilancia dejaría de ser presidida por Rafael Gustavo Fararoni Magaña

El morenista sería relevado por su correligionaria, Cecilia Josefina Guevara Guembe, quien acaba de concluir su periodo como presidenta de la Mesa Directiva.

Faranoni Magaña fue designado en la comisión el pasado 6 de septiembre, sin embargo, tuvo desencuentros públicos con la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos.

Hay que destacar que el legislador, quien a su vez relevó a Luis Arturo Santiago Martínez en septiembre en medio de señalamientos de “cobros de moches”, concretó la intervención de la tesorería del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.

Además, el pasado 24 de octubre el pleno determinó no aprobar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021 que fueron presentados el 30 de septiembre por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

El dictamen que presentó Faranoni Magaña en la Tribuna del Recinto Oficial de Sesiones y que aprobó el pleno otorgó un plazo no mayor a 90 días naturales para que el ORFIS efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia.

El diputado también descartó aumentar el presupuesto del órgano para dicha tarea que ahora debe compaginar con la revisión de la Cuenta Pública 2022.

"Anteriormente, muchos asuntos de orden público se resolvían por mero trámite porque así se acostumbraba y aceptaba. Hoy en Veracruz, el pueblo está representado por un Congreso comprometido con la transparencia; no tenemos por qué ocultar hechos o resultados, cuando existe duda en el cumplimiento de las funciones que nos corresponden", expresó en dicha sesión.

El diputado que dejaría la Comisión de Vigilancia este jueves insistió en discrepancias entre aclaraciones, documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables que se confrontaron con los pliegos de observaciones y montos solventados en las correspondientes revisiones.