Tras ocho años de litigio, ciudadanas recuperan inmueble en el centro de Xalapa

Después de más de 8 años de permanecer sin recibir el pago de la renta de un inmueble que aseguran les pertenece legalmente, las propietarias recuperaron el inmueble, ubicado en la calle Allende y J.J. Herrera, en la zona centro de la capital veracruzana.

Yolanda Margarita Roa, una de las propietarias, afirmó que ella y sus hermanas son las legítimas dueñas del inmueble, heredado por su madre mediante una donación, y señaló que el conflicto se originó con Miguel Enrique Ortiz Chalita, quien, según su versión, dejó de pagar la renta desde junio de 2018.

La entrevistada explicó que inicialmente permitieron al ocupante instalarse en el inmueble bajo condiciones favorables, debido a que les manifestó que comenzaría un nuevo proyecto y necesitaba tiempo para formar una clientela. Por ello, dijo, le concedieron 3 meses sin pago de renta.



Posteriormente, comenzó a entregar cantidades parciales, pero, de acuerdo con Roa, nunca cubrió completamente los pagos correspondientes. Las propietarias aseguraron que durante ese periodo fueron tolerantes y evitaron exigirle de manera estricta el cumplimiento de sus obligaciones.

Sin embargo, la situación se prolongó hasta que, en junio de 2018, dejó de pagar completamente, acumulándose más de 8 años sin que las propietarias recibieran ingresos por el inmueble.

Roa relató que posteriormente las propietarias decidieron recuperar la propiedad e incluso tenían la intención de venderla, por lo que solicitaron formalmente a Ortiz Chalita que abandonara el inmueble.



Según explicó, existe un documento en el que quedó asentada dicha petición y en el que el ocupante habría aceptado retirarse en el plazo de un mes; no obstante, afirmó que dicho compromiso no fue cumplido.

A partir de entonces, las propietarias recurrieron a la vía legal para intentar recuperar el inmueble. La entrevistada sostuvo que posteriormente se presentaron diversos argumentos y acciones legales encaminados a permitir que Ortiz Chalita permaneciera en la propiedad, pero aseguró que el equipo jurídico que actualmente las representa logró que dichos planteamientos no prosperaran.

La propietaria también señaló que Ortiz Chalita habría planteado entregar alguna otra propiedad a cambio del inmueble en disputa, propuesta que las hermanas rechazaron.



Después de los desencuentros, explicó, decidieron dejar de mantener comunicación directa con él, al tiempo que continuaron el procedimiento por la vía legal.

Roa describió al ocupante como una persona que posteriormente se mostró, según su percepción, agresiva y evasiva, y aseguró que dejó de dar la cara ante las propietarias.

Ante la prolongación del conflicto, las mujeres solicitaron la intervención de abogados, cuyo trabajo fue reconocido por Roa, quien calificó al equipo que actualmente las representa como competente y honesto.



Consideró que, debido a la cantidad de trámites, requisitos y gestiones que implicó el caso, el proceso pudo haberse prolongado todavía más, por lo que agradeció las acciones realizadas por el equipo jurídico y por el juzgador.

Roa expuso que la situación también ha tenido repercusiones económicas y personales para las propietarias, particularmente debido a su avanzada edad y sus condiciones de salud.

Detalló que una de sus hermanas tiene 83 años, es portadora de un marcapasos y presenta un estado de salud delicado. En su caso, señaló que también enfrenta padecimientos relacionados con la columna, rodillas y caderas que requieren atención ortopédica.



La entrevistada sostuvo que los ingresos que obtenían mediante la renta del inmueble constituían su principal sustento económico, por lo que la falta de pago durante más de 8 años representó una afectación importante.

Agregó que la atención médica privada resulta costosa y que, ante sus necesidades de salud, recuperar el inmueble representa para ellas no solamente la defensa de su patrimonio familiar, sino también la posibilidad de contar nuevamente con una fuente de ingresos.

Las propietarias señalaron que la diligencia judicial representa un avance en un conflicto que, de acuerdo con su versión, se ha prolongado durante más de 8 años y que ahora buscan concluir mediante los procedimientos establecidos por la Ley.