El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) estaría protegiendo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), para que no paguen un adeudo que tienen con una empresa.
Así lo acusó Fernando Enrique Morales Rubio, representante legal de la empresa
Trazabilidad y Comercio de Productos Frescos M&L S. DE R.L., en un oficio dirigido al diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, con copia a este medio de comunicación.
En el oficio, refiere que en el 2016 demandó a la Secretaría de Seguridad Pública, al Jefe de la Unidad Administrativa de la misma, y a la Secretaría de Finanzas y Planeación por un adeudo que tienen con la empresa a la que representa.
La demanda quedó radicada en el Juicio Contencioso Administrativo 671/2016/4-II del índice de la Cuarta Sala del TEJAV; al cabo de tres años, el 6 de marzo de 2019 se dictó sentencia a favor de la empresa, pero fue recurrida por las autoridades demandadas para finalmente ser confirmada en segunda instancia el 28 de agosto del 2019.
Ante la confirmación de la sentencia, la SSP y SEFIPLAN interpusieron un juicio de amparo que les fue desechado por improcedente, confirmando nuevamente la sentencia condenatoria contra las autoridades.
Dicha sentencia las condenó a pagar el monto adeudado por el que fueron demandadas; sin embargo, de acuerdo con Morales Rubio, no hicieron caso entrando en una dinámica de supuesto cumplimiento que no se ha dado.
“… por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento de ley consistente en una multa ordenada por auto de fecha 22 de febrero del año 2021; se tardaron para hacer efectiva la multa 5 meses, a pesar de que se les había concedido el término improrrogable de tres días para realizar el pago a que fueron condenadas las autoridades sentenciadas, ya que éstas entre ellas mismas se concretaron a realizar un cruce de escritos en vía de cumplimiento de sentencia con los cuales se atribuían en forma diversa el pago entre ellas y se deslindaban respectivamente del mismo”, acusa.
El abogado acusó que no hacerse responsable de los pagos deviene en una “simulación de cumplimiento a una sentencia en la que las tres autoridades Secretaría de Seguridad Pública, Jefe de la Unidad Administrativa de la misma Secretaría, y Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado” fueron sentenciadas en forma conjunta y mancomunada del adeudo.
Agregó que la cuarta sala del TEJAV consistió el incumplimiento por lo que el caso llegó hasta la Sala Superior del Tribunal en mayo de 2021, aunque se radicó en el Cuaderno de Ejecución 14/2021 hasta enero de este año.
En este se ordenó a las autoridades sentenciadas realizar el pago al que fueron condenadas, “mismo ordenamiento al que también fueron omisas haciendo de nueva cuenta como en todo el procedimiento de ejecución de sentencia del cruce de escritos entre ellos mismos fingiendo que dan cumplimiento”.
Por lo anterior, se dictó un nuevo auto el 18 de abril de 2022, donde se ordenó a la Dirección General de Programación y Presupuesto, a la Tesorería y al Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación rendir informes respecto al cumplimiento, lo que tampoco fue cumplido.
“Ante tal circunstancia presenté escrito de fecha 26 de mayo del presente año, dirigido a la Sala Superior, solicitando que se les requiera de nueva cuenta a las autoridades sentenciadas del pago a que fueron condenadas en términos de lo regulado por el numeral 332 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que es el precepto legal aplicable en el presente caso y no el apercibimiento de multa impuesto.
“Esto es, a la Sala Superior le corresponde aplicar el referido artículo 332 y no repetir la medida de apremio que le compete a la Sala Inferior”.
De acuerdo con el representante legal, ante su insistencia se dictó el auto de fecha 25 de agosto de 2022, en el que ordena nuevamente requerir el cumplimiento de la sentencia con un apercibimiento distinto al que debe aplicar y al que tampoco han dado cumplimiento las autoridades sentenciadas.
Lo anterior “ante el beneplácito de la Sala Superior y de su Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz”, puesto que no les han hecho efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído ni se les ha requerido de nueva cuenta con el apercibimiento correcto.
Acusó que todo esto es muestra de la lentitud y pasividad en la impartición de Justicia Administrativa en el Estado de Veracruz, en perjuicio de las empresas y justiciables, y en un “claro beneficio de las autoridades sentenciadas”, con la anuencia del presidente Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez.
Finalmente, solicitó la intervención de Gómez Cazarín para apurar el cumplimiento de la sentencia referida, enfatizando que no hacerlo le genera graves problemas económicos con sus acreedores y con su estado de salud.
“… al estar postrado en una silla de ruedas, necesitando atención médica y operaciones que me permitan caminar nuevamente, por lo que le ruego su intervención para que nos paguen la cantidad a que fueron condenadas las autoridades sentenciadas, quienes fueron oídas y vencidas en juicio”.