Tribunal por los derechos de la Naturaleza. Caso: Tren Maya

La Naturaleza es patrimonio de la Tierra, de todos los seres vivos e inanimados, no es algo que sea exclusivo de la especie humana, mucho menos de intereses corporativos o gubernamentales. Cuando alteramos las condiciones de equilibrio de un ecosistema como consecuencia del incremento demográfico que exige más espacio para construir, áreas para botar la inmensa cantidad de toneladas de basura y contaminamos los recursos hídricos, lo que estamos haciendo es atentar contra la vida de seres animados que es patrimonio de la Naturaleza.

Cuando se destruyen manglares para levantar hoteles y espacios de recreación turística en las costas, se violentan las condiciones de reproducción de cientos de especies animales y vegetales que garantizan alimento y protección contra los embates marinos que erosionan el contorno costero. Cuando se arrasan miles de hectáreas de selva y bosque, sea con fines lucrativos para comercializar la madera extraída, de apropiación ganadera, agrícola o con fines de extensión de infraestructura para construir carreteras o vías ferroviarias, se altera por completo el ecosistema que conduce a extinción o desplazamiento de especies que en él habitan, afectándose también los ecosistemas colindantes, naturales y creados.

La construcción del tren Maya es una obra importante para la comunicación en el sureste mexicano, pero pudo haberse logrado sin necesidad de alterar las condiciones naturales y de regeneración de su biodiversidad, sin deteriorar el ecosistema patrimonio cultural de la nación Maya y fuente fundamental de agua para los habitantes de la península de Yucatán, animales, plantas y humanos.



Daños como estos, y otros más, se consignan en el dictamen que emitió el Décimo Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Caso Tren Maya, documento que se dio a conocer en marzo de 2023 en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Conocí el dictamen gracias a un alumno de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana que me lo envió recientemente, cuya preocupación ambiental forma parte del despertar de conciencia de muchos jóvenes de su generación que enfrentarán los problemas medio ambientales propiciados por la conducta depredadora humana amparada en la falsa idea cartesiana de la separación entre naturaleza y cultura, entre cuerpo y mente.

El Tribunal es de orden ético y estuvo integrado por representantes especialistas en la materia de Argentina, México, Ecuador, Italia, Estados Unidos de Norteamérica, India, Chile, Perú, Canadá, Nigeria, Sur África, Reino Unido, Francia y Brasil. El procedimiento integral que les condujo a emitir su sentencia ética, combinó el análisis de los documentos oficiales y no oficiales emitidos, los estudios científicos realizados por instituciones universitarias y organizaciones medioambientales, amplias y concisas entrevistas a los habitantes de los pueblos mayas, a especialistas en manejo silvícola, arqueólogos y, desde luego, visitas in situ para observar la magnitud del impacto, verificar los testimonios de los testigos entrevistados y contrastar la realidad con respecto al discurso oficial.

Su sustento ético se ampara en la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las Declaraciones de las Naciones Unidas relativas a los Derechos de la Naturaleza, el calentamiento global y los derechos inalienables de las naciones originarias, como también en el acuerdo internacional de la Organización de los Estados Americanos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre la Biodiversidad, el acuerdo de Escazú que refiere al desarrollo sano y sostenible para las generaciones futuras, la Agenda 2030 Objetivos del Desarrollo Sustentable y la jurisprudencia internacional y mexicana sobre Derechos Humanos y Derechos Indígenas.



Pero no se limitaron a los elementos éticos y jurídicos contenidos en los acuerdos internacionales y jurisprudencia señalada, sino que también contextualizaron el porqué del objetivo Tren Maya y su relación con el tren Transístmico entre Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz). Su relación es histórica y de lo más neoliberal que existe. Expliquemos de manera sucinta.

Para empezar, el proyecto del tren transístmico data de la época de Benito Juárez. Sin embargo, fue Porfirio Díaz quién logró el tendido ferroviario para comunicar al sur sureste mexicano con el centro y norte del país, sin llegar más allá de esos límites. En ese momento histórico la prioridad internacional, pero en especial para Estados Unidos de Norteamérica, era la construcción del Canal de Panamá, obra geopolítica que ofrecía mejores condiciones para unir Pacífico y Atlántico en beneficio del transporte marítimo comercial, razón por la cual no prosperó el proyecto de convertir al Istmo en vía de trasvase para el movimiento de productos y mercancías.

Por otra parte, en esa época no existía la tecnología y elementos de embalaje adecuados para ser transportados por tren, como lo son ahora los contenedores y todo el equipo mecánico que facilita carga y descarga. Empero, ahora se presentó la coyuntura requerida para reanimar el ansiado proyecto liberal, pues las condiciones para el transporte marítimo en el Canal de Panamá han cambiado drásticamente.



Su diseño se pensó en función de las dimensiones y calados de las embarcaciones de la época, esto es, en la primera década del siglo XX, lo que ahora limita su operatividad al no poderlo cruzar las grandes embarcaciones que transportan miles de contenedores y diversos productos, a lo que se suma el impacto del calentamiento global que ha acentuado la sequía en Centro América y, desde luego, la disminución del caudal necesario para su óptimo funcionamiento, viéndose en la actualidad embarcaciones esperando poder cruzarlo, sea en un sentido u otro.

De ahí la enorme importancia de la modernización del tren transístmico que será fiel instrumento de la globalización comercial que une Pacífico y Atlántico, a lo que se suma la relevancia de crear un corredor industrial productor de bienes de uso tecnológico fundamentales para el futuro desarrollo.

Pues bien, el Tren Maya se articula a la continuidad de este proyecto en el marco de la política de Desarrollo Regional integracionista y turística que abraca más de 50 municipios de las entidades de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quinta Roo. Pero esta política de desarrollo regional también tiene antecedentes frenados o frustrados.



El Corredor Vial de los años sesenta mediante el cual se avanzó en la comunicación carretera Panamericana y algunos tramos ferroviarios; el Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central de los años ochenta; el Plan Puebla Panamá de 2001 cuyo objetivo imaginó crear mejores condiciones de vida para los habitantes de Centro América y el Sursureste de México y el Programa Regional de Desarrollo del Sursureste 2014-2018.

Como se ve, antecedentes de intención que marcan la marcha de un capitalismo integrador regional que, con altibajos, sigue acumulando avances. Así que el Tren Maya no es una ocurrencia casual, sino un nuevo progreso en la construcción de condiciones para el desarrollo regional que claramente no se diseñó sustentable, sino bajo una óptica personalizada que afecta derechos de la naturaleza y derechos de la nación Maya.

¿Cuáles son los efectos que se prevén a corto, mediano y largo plazo? El Décimo Tribunal ético señala que habrá fragmentación territorial con el consecuente ecocidio al procrear ruptura de los ecosistemas, agotamiento y contaminación de acuíferos, deforestación de parte importante de la selva que incluye Calakmul, degradación de suelos, extinción de flora y fauna, destrucción de cenotes, etnocidio al ser violentados los derechos de los pueblos indígenas, impacto negativo en la participación social comunitaria, todo lo cual acentuará las condiciones que planetariamente inciden en el cambio climático.



Otros efectos negativos: militarización del territorio, afectación a la propiedad social vía expropiaciones, generación de ruido que altera el ritmo de la selva y efectos en las personas. Y, claro está, desde otra perspectiva, corrupción en las instancias político-administrativas, en el sector militar a cargo, empresarios vinculados y trasiego oculto de maderas preciosas cuyo destino beneficiario no se conoce. En suma, se está vulnerando los derechos de la Naturaleza, de libre determinación y derechos bioculturales de la nación Maya, así como el derecho humano a una vida sustentable en la región para priorizar el interés mercantil del supuesto flujo turístico.

La sentencia del tribunal va en sentido de que el gobierno federal reconozca la violación a los derechos de la Naturaleza y derechos bioculturales de la nación Maya, repare integralmente los ecosistemas afectados, suspenda el despojo de tierra ejidal de las comunidades, desmilitarice el proyecto y respete los derechos colectivos de los pueblos establecidos en el Acuerdo de Escazú.

Pero, dadas las condiciones políticas del momento e intereses globales y nacionales inmiscuidos, esta sentencia del Décimo Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza. Caso: Megaproyecto Tren Maya solo quedará como un documento más que describe la ignominia histórica que, juntamente con otros testimonios contemporáneos, será fuente esencial para quienes reconstruyan el proceso histórico en lo futuro y expliquen a sus generaciones, cómo fue que se destruyó el ecosistema y porqué se agotaron las fuentes primordiales de agua. Nada escapa a la historia y ésta lo juzgará.