Trump ordena reforzar vigilancia a envío de remesas por parte de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que ordena a bancos y autoridades financieras reforzar la vigilancia sobre transferencias internacionales y clientes con situación migratoria irregular, una medida que podría afectar el envío de remesas hacia México.

La disposición, denominada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, no prohíbe las remesas, pero instruye al Departamento del Tesoro y a los organismos reguladores a identificar riesgos asociados con operaciones realizadas por personas sujetas a procesos de deportación o sin autorización legal para permanecer en el país.

El documento pone especial atención en las transferencias transfronterizas de bajo monto, mecanismo utilizado por millones de migrantes mexicanos para enviar dinero a sus familias.

Entre las acciones previstas se encuentra una mayor supervisión de depósitos y retiros repetitivos, el monitoreo de plataformas digitales de pago y el fortalecimiento de los mecanismos de identificación de clientes. También contempla que los bancos puedan solicitar información adicional sobre la situación migratoria cuando detecten operaciones consideradas de riesgo.

“La administración no permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o de servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a deportación”, señala la orden.

La medida genera preocupación en México, uno de los principales receptores de remesas del mundo. En 2025 ingresaron al país más de 64 mil millones de dólares por este concepto, recursos provenientes principalmente de trabajadores radicados en Estados Unidos.

Uno de los aspectos más sensibles es la referencia al Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), documento utilizado por miles de migrantes para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones financieras sin contar con un número de Seguro Social.

La orden establece que el uso de estos identificadores podría ser considerado un factor que requiera verificaciones adicionales, lo que podría traducirse en mayores requisitos para realizar transferencias o acceder a servicios financieros.

De acuerdo con reportes de Associated Press, la versión final del decreto resultó menos restrictiva de lo previsto, ya que no obliga a los bancos a recopilar de manera generalizada información sobre ciudadanía o estatus migratorio de todos sus clientes.

La instrucción presidencial sí ordena a reguladores financieros buscar indicios de que personas sin autorización legal obtienen cuentas bancarias, créditos o tarjetas financieras, bajo el argumento de que podrían representar riesgos crediticios en caso de deportación.