Universidad del Conde promueve amparo para defender su Reconocimiento de Validez

Un Juez Federal de Xalapa negó a la Universidad del Conde S.C. una suspensión provisional contra cualquier acto de bloqueo, cancelación o eliminación de sus Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Lo anterior, luego que el pasado 15 de junio el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció una investigación por ofrecer programas educativos, aparentemente sin registro ante la Secretaría de Educación.

El asunto se remonta al 14 de junio de 2022, cuando en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se denunció que el plantel presuntamente carecía de validez.



El caso lo retomó el Gobernador y delegó la indagatoria al secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

Por lo anterior, los directivos de la Universidad del Conde promovieron una suspensión provisional el pasado 28 de junio contra el retiro de los REVOES a la institución.

A detalle, el representante legal de la Universidad, José Antonio Conde Ochoa, reclamó de la autoridad los oficios, exhortos o requisitorias o cualquier otro a través de los cuales las autoridades responsables hayan ordenado o pretendan ejecutar, la suspensión de la actividad académica.



Además de los oficios, exhortos o requisitorias o cualquier otro a través de los cuales las autoridades responsables hayan ordenado o pretendan ejecutar, el bloqueo cancelación y eliminación de los registros de validez oficial de estudios con los que aduce contar la Universidad y las visitas o inspecciones contra el plantel a partir del 24 de junio de 2022.

La resolución del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz consistió en no darle la suspensión provisional, dado que la Universidad no acredita, siquiera presuntivamente, el interés suspensional respecto de los registros de validez oficial de estudios con que dice contar.

Al mismo tiempo advierte que las pruebas que mostró la Universidad carecen de valor probatorio suficiente para acreditar que la persona moral quejosa cuenta con los registros de validez oficial de estudios con que dice contar y los cuales refiere se le pretender suspender o revocar mediante los actos que reclama.