El apoderado legal de la Universidad del Golfo de México, Rectoría Centro (UGM Centro), Pablo Morales Falcón, desconoció los señalamientos que hicieron un exobrero y un abogado sobre un supuesto desalojo ocurrido la noche del lunes en la exalberca de Río Blanco, que es propiedad del consorcio universitario. No obstante, admitió que existe una denuncia de desalojo promovida ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de un grupo de exobreros que se dicen dueños, por lo cual apeló a que se acredite ante instancias la legal propiedad.
Tras los señalamientos de un supuesto desalojo violento y el robo de herramientas que la noche del lunes denunció quien se ostenta como tesorero del Comité Liquidador de las propiedades del extinto sindicato Río Blanco, Eduardo Cancino Torres, y el abogado César Lanzagorta, el apoderado legal de UGM Centro aseguró que el título de propiedad a nombre del consorcio universitario existe y está debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad.
Señaló que desde 2017, cuando el consorcio adquirió legalmente las propiedades de los exobreros, se liquidó a cerca de 500 trabajadores y se formalizó la adquisición. Por ello, si existe duda alguna sobre la legalidad, los inconformes pueden nombrar una comisión y solicitar una audiencia ante tribunales, en la que se cite a ambas partes para disipar cualquier duda. “Quiero referir de una manera muy clara que UGM Centro es la única propietaria de ese inmueble y lo es desde hace poco más de 8 años, específicamente marzo del 2017. Contrario a lo que escucho en este momento, en esta pregunta que me formula, pues quiero reafirmar que se cuenta finalmente con el título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
“En su oportunidad, cumpliendo con todos los requisitos de Ley para poder no solamente ostentarnos, sino ejercer ese derecho de propiedad. Entonces desconozco de dónde puede surgir esta versión. Quiero también reiterar que la Universidad (...) fue literalmente despojada por un grupo de personas que en ese momento desconozco cuál era su condición legal”, expuso el apoderado legal del consorcio universitario.
Indicó que el cauce que se debe seguir es el legal, por el cual se han conducido desde el principio y reiteró que el título de propiedad existe desde hace poco más de 8 años en poder de la Universidad y que ese grupo de personas es quien ha despojado de la propiedad a su representada. Finalmente, apeló a que se resuelva esta situación pues no tienen mayor inconveniente en que pueda confrontarse la legalidad de los documentos, siguiendo las vías que establecen los diversos códigos adjetivos, en particular el de Procedimientos Penales, y de ser necesario, el de los Civiles, porque –de lo contrario– los señalamientos que hagan quienes se dicen representantes de los obreros sólo serán dichos sin fundamento jurídico.