Urge a resolver denuncia por presunto despojo de inmueble en Centro de Xalapa

A dos años del desalojo del inmueble ubicado en avenida 20 de Noviembre Norte número 50, en la zona centro de Xalapa, Manuel Arturo Castilla Cuevas exige que finalmente se resuelva la denuncia que presentó por el despojo de la propiedad donde vivían tres familias y donde funcionaba el restaurante de mariscos “Punta Fragata”.

Las fotografías, documentación y videos que forman parte del material aportado por los afectados muestran, según la identificación realizada por Castilla, a los mismos abogados, jueces y notarios que ya han sido señalados por otros afectados como integrantes del presunto “cártel inmobiliario”, acusados del despojo de terrenos, autos, casas y ranchos por decenas de familias de Xalapa y la región.

“Están los abogados Roly Domínguez Romero, Jesse Miguel Ramírez Pozos, Miguel Isaac Contreras Gómez Gil, señalados como integrantes del 'cártel inmobiliario'; así como una persona identificada como Karla y los actuarios Paola Vieira y Jehonadab Rafael Hernández Prado”, dijo, al agregar que entre los jueces que han intervenido en el proceso también se encuentran los ya señalados como integrantes de este “cártel”: Dania Iveth Arenas Pérez y Leopoldo Toss Capistrán, así como el notario número 30, Manuel Díaz Rivera.

Castilla Cuevas relató que fue despojado de su vivienda y negoció en el año 2024 y asegura que desde que la carpeta de investigación XAL/DXI/F15/4478/2024 fue judicializada no se ha podido celebrar la audiencia en la que espera que se analicen los hechos que denunció y la solicitud para que el inmueble sea restituido.

El denunciante explicó que la audiencia ha sido diferida en distintas ocasiones por diversos motivos: primero, por la licencia del juez que conocía del asunto; posteriormente por el cambio de juzgador y, en otras dos ocasiones, por la ausencia de los denunciados.

Ahora, dijo, la última audiencia tampoco pudo celebrarse debido a un nuevo cambio de defensa de Leslie Ivet Alonso Lucido, la acusada. “En esta última audiencia cambió de defensa. Llegó una nueva licenciada, Dea Guadalupe, y argumentó que no tenía copias de la carpeta y que no conocía el caso. Por ese motivo se canceló la audiencia”, relató Castilla en entrevista.

La audiencia fue reprogramada para este 3 de septiembre y, de acuerdo con lo señalado por el denunciante, el juez estableció un apercibimiento para que los denunciados no vuelvan a faltar ni puedan cambiar nuevamente de defensa.

Para Castilla, después de los distintos aplazamientos, lo que ahora corresponde es que el procedimiento avance y se determine lo que legalmente proceda, ya que mantienen una denuncia por fraude procesal, robo y despojo. “Ya queremos que nos resuelvan”, afirmó.

Castilla recordó que el origen del conflicto se encuentra en la diligencia de desalojo realizada aproximadamente a las 5:45 de la mañana del 28 de agosto de 2024, en el inmueble ubicado en avenida 20 de Noviembre Norte número 50, con salida hacia la calle Manuel C. Tello, en la zona centro de Xalapa.

De acuerdo con la denuncia presentada por Castilla, aquella madrugada llegaron al lugar elementos de la Policía Estatal, ambulancias del grupo SRUE Xalapa, camionetas de mudanza y grúas de la empresa Grúas Méndez, además de actuarios y abogados, con un lanzamiento avalado por el juez Leopoldo Toss Capistran. El afectado sostuvo que en el inmueble se encontraban tres familias, incluida la suya, además del restaurante Punta Fragata.

Relató que las personas que participaron en la diligencia comenzaron a golpear las puertas de acceso, el portón y la cortina del establecimiento, hasta conseguir ingresar. “Nosotros estábamos ahí, vivíamos ahí y teníamos el restaurante. Llegaron en la madrugada y comenzaron a entrar. Queríamos saber por qué estaban entrando y por qué nos estaban sacando”, explicó al agregar que fueron momentos de pánico y terror, sobre todo para los menores que se encontraban durmiendo.

Según su denuncia, aunque Manuel Ezequiel Castilla Rivas y José Luis Castilla Aburto presentaron la documentación que acreditaba la posesión que mantenían sobre la propiedad desde hacía décadas, los documentos no fueron tomados en cuenta durante la diligencia. Uno de los elementos que Castilla considera relevante en su denuncia es la numeración utilizada durante el desalojo.

Afirma que el documento que portaban los actuarios señalaba el número exterior 1250, mientras que el inmueble que ocupaban corresponde al número 50 de avenida 20 de Noviembre Norte.

Además, refiere que existe una fotografía tomada el 27 de agosto de 2024, un día antes del desalojo, en la que no aparece el número 1250 colocado en la fachada. “Tenemos la fotografía del día anterior. Ahí no estaba el 1250. Después aparece colocado en la fachada”, sostuvo.

El denunciante también acusa que durante el desalojo fueron retiradas sus pertenencias y equipo de trabajo del restaurante, además de que se produjeron daños a diversos objetos. Entre los bienes que menciona se encuentran refrigeradores, cristales, tabletas, computadoras, estufas, hornos y otros equipos utilizados para la operación del establecimiento.

Pero, afirma, el desalojo también afectó a las tres familias que habitaban el inmueble. Relató que entre los habitantes había varios menores de edad, incluyendo sus hijos, uno de tres años y otro de apenas seis meses. “Mis hijos tuvieron una crisis de miedo. Estaban llorando y tuvimos que sacarlos del inmueble”, relató.

De acuerdo con su denuncia, una situación similar ocurrió con los menores de las otras dos familias que vivían en el lugar. También, acusa que durante la diligencia hubo insultos, burlas y amenazas de arresto, además de un trato que, sostiene, fue particularmente agresivo hacia las familias.

Todos estos hechos, precisó, forman parte de la denuncia por presunto despojo que presentó contra Leslie Ivet Alonso Lucido y Heabe Global Soluciones S.A. de C.V., por conducto de quien represente sus derechos, además de contra quien resulte responsable.

En medio de los aplazamientos, Castilla y José Luis Castilla Aburto presentaron el 21 de agosto de 2026 un escrito ante el juez de control para solicitar el “restablecimiento de las cosas al estado previo”, con fundamento en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El entrevistado explicó que buscan que se les restituya el inmueble mientras continúa el procedimiento, al considerar que existen elementos documentales dentro de la propia carpeta que respaldan la posesión que tenían antes del desalojo.

Sin embargo, la solicitud quedó pendiente de análisis debido a que durante la audiencia en la que pretendían plantearla se presentó el cambio de defensa de la denunciada. “Nos dijo el juez que no podía aceptarla en ese momento porque la nueva defensa no conocía la carpeta y podía quedar indefensa. Dijo que la iba a analizar para que pudiera ser aceptada el día 3”, explicó.

Además de la denuncia por los hechos ocurridos durante el desalojo, los afectados presentaron una ampliación de denuncia y aportación de nuevos datos de investigación. En ella solicitan que se investigue también el posible flujo económico, patrimonial y financiero relacionado con los hechos y las personas que pudieran estar involucradas.

Para ello, plantearon que la Fiscalía General del Estado solicite información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el convenio de colaboración celebrado entre ambas instituciones en mayo de 2026. Castilla aclaró que se trata de una petición formulada dentro de la investigación y que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos que ameriten una investigación en ese ámbito.

El afectado exige que la audiencia de este 3 de septiembre finalmente se lleve a cabo y que, después de los sucesivos aplazamientos, el juez pueda pronunciarse sobre la solicitud de restitución y el resto de los planteamientos realizados dentro de la carpeta. “Ya queremos que nos resuelvan”, reiteró.