Urge PRD a SEGOB detener interferencia religiosa en decisiones políticas

En el estado de Morelos se han generado avances significativos en políticas públicas derivadas de propuestas legislativas y de Gobierno que han beneficiado a grandes grupos de la población, como el estudiantil con las beca-salario, entre otros.

Ante los avances y visión acertada del Gobierno encabezado por Graco Ramírez, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) mandó un mensaje de apoyo al Gobernador, quien en los últimos días ha sido atacado por grupos conservadores y por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, que bajo los preceptos decimonónicos sobre la “familia natural”, ha emprendido una cruzada en contra del avance legislativo sobre matrimonio igualitario, propuesto por el Gobernador y aprobado en el Congreso del estado de Morelos recientemente.

Ante esas posturas retardatarias, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hizo un enérgico llamado al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong, para que en los términos que marca la ley, investigue y en su caso, sancione al obispo Castro Castro por las declaraciones y acciones que desde el púlpito incitan al odio, las cuales vulneran la laicidad del Estado mexicano, así como el Derecho a la no Discriminación, previsto en el artículo primero constitucional.



En los últimos meses, el obispo Castro Castro se ha empeñado en generar animadversión de la feligresía hacia los avances en materia de derechos humanos impulsados desde la sociedad civil, en conjunto con el instituto político -como lo es el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario-, y que aspiran a garantizar el ejercicio pleno de derechos para toda la ciudadanía.

Para el PRD, el Estado mexicano no puede ser rehén de las ideas conservadoras que los jerarcas religiosos promueven en contra de los derechos de un sector de la población y de la laicidad, entendida ésta como un medio que permite la discusión de diferentes temas desde un piso común de conocimiento orientado hacia las libertades, la igualdad, y el principio de no discriminación.

La actitud de la jerarquía católica es consecuencia de la omisión y hasta complacencia de las autoridades responsables de hacer valer la ley.



En ese sentido, el CEN del PRD urge a la SEGOB a detener los abusos cometidos por los líderes religiosos, pues claramente violentan el artículo 130 de nuestra Ley Suprema, el cual establece que “los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”.

Como parte de las acciones emprendidas por el PRD en contra de estas acciones violatorias de la laicidad del Estado mexicano y de la incitación al odio homofóbico, la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual, interpuso el pasado 31 de mayo una denuncia ante la SEGOB (PRD/SDS/432/2016), en la que se exige a Osorio Chong, cumpla con sus obligaciones institucionales y realice las acciones legales pertinentes para que los jerarcas religiosos respeten la Constitución Política o en su caso sean sancionados como corresponde.

De no actuar en defensa del derecho a la no discriminación de la población de la diversidad sexual y la laicidad del Estado mexicano, se corre el riesgo de que los grupos conservadores se radicalicen y obstaculicen las decisiones políticas que corresponden a las instituciones del Estado, en favor de los diferentes sectores de la sociedad.



Lo que acontece en Cuernavaca, Morelos, es la incitación al odio por parte del obispo Ramón Castro Castro quien fomenta la segregación, al encabezar el Frente Amplio Popular, conformado por organizaciones civiles. Su estrategia es amedrentar al gobierno de Graco Ramírez, ante los avances visibles en políticas públicas que están transformando al estado de Morelos.

Por ello, exigió al secretario Miguel Ángel Osorio Chong no evadir la ola de discriminación desatada en el país por la falta de aplicación de la ley y la ingobernabilidad que se vive en varios estados, pues a la SEGOB corresponde aplicar las sanciones previstas en Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos, cuyo artículo 29 violentado.

Para el CEN del PRD, “el cobro de facturas por parte de las agrupaciones que intentan detener los avances sociales, no tiene cabida en un Estado democrático. Los jerarcas y grupos conservadores deben tener claro que el siglo XIX quedó atrás, que la laicidad del Estado mexicano es irreversible en un contexto internacional, en el que el respeto a las diversidades es el sello característico de las sociedades democráticas del siglo XXI”.