Urgen al Congreso a no esperar a 2023 para fiscalizar al Poder Judicial

El Poder Legislativo debe tomarle la palabra a Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), y ordenar una auditoría en tiempo real en el Poder Judicial para revisar el ejercicio fiscal de este año, señaló Roberto Rodríguez Cruz, presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz.

Manifestó que recientemente González Cobos reconoció que el ORFIS tiene facultad para auditar la aplicación del presupuesto del ejercicio fiscal en curso en los entes estatales y municipales, siempre y cuando el Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, lo ordene.

Además, este viernes la propia magistrada presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, dijo estar dispuesta a que el Congreso del Estado ordene una auditoría, “ojalá y lo hagan”, manifestó.



En ese sentido, Rodríguez Cruz aseveró que prácticamente está abierta la puerta para fiscalizar el presupuesto de este año del Poder Judicial, por lo que no se debe esperar hasta el año 2023 para que se revise la Cuenta Pública 2022, toda vez que hay evidencias de un mal manejo de los recursos públicos.

Expuso que Isabel Inés Romero Cruz, magistradas presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ha reconocido que a tres meses de concluir el año ya agotó el presupuesto de mil 931 millones 216 mil 538 pesos, y por ello, pidió a las juezas, a los jueces y al personal de los Juzgados que cooperen para comprar los insumos que requieren.

Además, recordó que en julio pasado el diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para que se investigue en el Poder Judicial de Veracruz la presunta contratación de empresas “fantasma”.



En el anteproyecto, dijo, se mencionó que hay sospecha de la asignación de contratos a empresas para obra pública y servicios, cuyos domicilios fiscales están en estacionamientos, vecindades, construcciones en obra negra, callejones y andadores.

Agregó que el Legislador petista advirtió que a través de esas empresas se otorgaron millonarios contratos para adquirir material de papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de COVID-19, mantenimiento de aires acondicionados y equipos de cómputo, mediante adjudicaciones directas o licitaciones simplificadas, lo que genera opacidad y a sobreprecio.

Incluso, el diputado también subrayó la sospecha de un contrato por más de 6 millones para adquirir mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio fiscal se encontraba, al momento en el que se otorgó, en Martínez de la Torre, y donde hoy en día existe una construcción en obra negra.



Rodríguez Cruz, aseveró que ante esas irregularidades el Congreso del Estado debe actuar y ordenar una auditoría en el Poder Judicial, antes de Isabel Inés Romero Cruz deje a finales del próximo mes de noviembre la Magistratura y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.