Uso de agroquímicos prohibidos en zonas naturales protegidas se castigará con cárcel

El Congreso de Veracruz aprobó una reforma para castigar con cárcel el uso indebido de agroquímicos prohibidos o restringidos en zonas de preservación ecológica, áreas naturales protegidas, ecosistemas estatales o municipales y áreas vinculadas con fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano.

El dictamen fue avalado en lo general con 42 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones.

La modificación adiciona disposiciones al Código Penal del Estado y a la Ley Estatal de Protección Ambiental para sancionar actividades agrícolas, pecuarias o forestales no autorizadas que causen daño grave al ecosistema, así como la aplicación, almacenamiento o vertimiento de agroquímicos en zonas sujetas a protección ambiental. Con la reforma, se incorporan los artículos 259 Bis y 259 Ter al Código Penal de Veracruz, además de un párrafo final al artículo 259, dentro del capítulo de delitos ambientales.



El cambio legal establece que las penas previstas para diversos delitos ambientales podrán aumentar hasta en una mitad cuando las conductas estén relacionadas con el uso, aplicación, almacenamiento, transporte o disposición de agroquímicos identificados como prohibidos o restringidos por autoridades federales o tratados internacionales. El dictamen incluye sustancias como plaguicidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, fertilizantes, insecticidas y otros productos fitosanitarios regulados por disposiciones oficiales.

El artículo 259 Bis prevé penas de dos a seis años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para quienes cometan esas conductas dentro de una zona declarada de preservación ecológica, área natural protegida o ecosistema cuya conservación corresponda a autoridades estatales o municipales.

La sanción aplicará contra quien realice actividades agrícolas, pecuarias o forestales sin autorización ambiental, forestal o de impacto ambiental, siempre que con ello cause daño grave al ecosistema. También se castigará a quien aplique o almacene agroquímicos prohibidos por disposiciones federales, o productos de uso restringido fuera de las condiciones autorizadas, dentro de áreas perimetrales de protección o zonas vinculadas con fuentes de agua para consumo humano.



El dictamen considera como conducta sancionable verter o permitir el vertimiento de residuos de agroquímicos en suelos, subsuelos, sistemas de drenaje, alcantarillado, tratamiento o infraestructura hídrica administrada por autoridades estatales o municipales, cuando se alteren de forma grave las condiciones físicas, químicas o biológicas del ecosistema.

Las penas podrán aumentar hasta en una mitad cuando la conducta sea cometida por una persona física en nombre, por cuenta o en beneficio de una persona jurídica, o cuando el daño incida en zonas de recarga hídrica o fuentes de abasto humano determinadas por instrumento oficial o dictamen técnico.

El artículo 259 Ter establece sanciones para propietarios, poseedores, arrendadores, administradores o titulares de derechos de uso sobre un predio que, con conocimiento de que será utilizado para cometer delitos ambientales, faciliten su uso o permitan que continúe la actividad.



En esos casos, la pena será de uno a cuatro años de prisión y multa de 200 a 500 veces el valor diario de la UMA. La reforma precisa que no se presumirá responsabilidad por el solo arrendamiento o cesión de un terreno. Para sancionar al propietario o poseedor deberá acreditarse que tenía conocimiento de las actividades ilícitas mediante requerimiento, notificación de autoridad competente o cualquier otro medio fehaciente.

El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, sostuvo que la reforma no busca criminalizar al campo ni a productores de papa, sino sancionar conductas que dañen ecosistemas, fuentes de agua y zonas protegidas. Señaló que el dictamen surgió de reuniones con comunidades de la zona centro del estado, entre ellas Tlalnelhuayocan, Coatepec, Acajete y localidades de la cuenca del río La Antigua, donde se ha señalado preocupación por el uso indebido de sustancias químicas en zonas agrícolas.