Uso faccioso de la Fiscalía, le repercutirá jurídicamente a Cuitláhuac al finalizar su gobierno

En un importante evento de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, donde se anunció un apoyo institucional nunca antes proporcionado a los policías, como es el de contar con un crédito para vivienda, el cual fue resultado de un largo proceso de negociación entre el Banco Banorte y la propia Secretaría, de manera por demás coincidente la policía ministerial dependiente de la Fiscalía General del Estado detuvo a policías presuntamente partícipes del delito de desaparición forzada en la administración de Javier Duarte.

Por un lado se podría interpretar como un acto de justicia por parte de la Fiscalía local, sin embargo, queda la pregunta en el aire, ¿se tenía que realizar dicha detención en un acto de justicia social para los policías? Es allí cuando surgen las dudas sobre la sistemática politización de la justicia en Veracruz, independientemente de si los elementos detenidos son culpables o no, eso lo determinará un juez.

Dado lo anterior, surgen más preguntas sobre este hecho pero la duda central es ¿la carpeta de investigación se encontraba “durmiendo el sueño de los justos” o estaba cuidadosamente resguardada para dar el golpe certero en ese acto público en favor de los policías?



Este hecho irrumpe como una pequeña caja china local, puesto que la Fiscalía le ha quedado a deber mucho a la sociedad veracruzana.

De ser así, estaríamos ante un hecho en que la aplicación de la justicia queda una vez más supeditada a la política, transformándose en una nueva cortina de humo frente a la ineficacia, ineficiencia y poco profesionalismo de una Fiscalía dependiente de su jefe político, minada en su legitimidad, credibilidad, confianza y sobre todo en la entrega de resultados.

El tema del delito de “ultrajes a la autoridad” evidenció la falta de autonomía en el diseño en el cual se había estructurado la nueva Fiscalía General. En pocos días se verán liberados los políticos detenidos a lo largo de la campaña electoral del año pasado como Rogelio Franco Castán, Gregorio Gómez Martínez, Juan Manuel del Río Virgen y Tito Delfín Cano, entre otros, todos ellos identificados como militantes de los partidos políticos de oposición, PRD, PAN y MC, contra quienes se usó en forma facciosa a la Fiscalía.



Una Fiscalía que ha evidenciado en el plano internacional y nacional al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a quien la mayoría de los columnistas nacionales, líderes de opinión, miembros de la oposición, líderes sociales, miembros de asociaciones civiles que defienden los derechos humanos, lo definen como un gobernador con varios hierros en temas de justicia, todo esto gracias a la disfuncional Fiscalía General de Veracruz y que lo más grave para el Gobernador es que pueda tener repercusiones jurídicas al terminar su periodo de gobierno.

Las actuaciones judiciales extralegales, antijurídicas, anticonstitucionales y sobre todo con el afán de revancha política, de ajuste de cuentas entre miembros del gabinete estatal, en el corto plazo pondrá en duda la continuidad de este gobierno en 2024.

Esto se rompe debido a las pequeñas ambiciones personales de quienes se piensan transexenales en Veracruz, cuando no pueden mantener el orden, la paz y la armonía de las y los veracruzanos y optan por crear guerras moleculares en el interior del gabinete estatal, las cuales, por cierto, tendrán como consecuencia que pierdan todos los que hoy gobiernan.