La Universidad Veracruzana reconoció que Liliana Alaide Ávila Ruiz fue víctima de acoso laboral, violencia institucional y discriminación por razón de género cuando se desempeñaba en la Unidad de Género de la institución.
Por esta razón le ofreció una disculpa pública como parte de una reparación simbólica ordenada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El posicionamiento fue emitido por el secretario académico, Arturo Aguilar Ye, en cumplimiento de la recomendación vinculada con el expediente 105/2024, en la que la CEDH acreditó violaciones a los derechos humanos de la trabajadora por hechos ocurridos en 2019.
“Reconocemos que lo sucedido no debió haber ocurrido y que es contrario a nuestras obligaciones como institución. También reconocemos el impacto personal, profesional y emocional que estos hechos generaron”, expresó Aguilar Ye durante el acto público.
La disculpa se concretó luego de que la Universidad Veracruzana aceptó la recomendación de la CEDH, pese a que en un primer momento se negó a admitirla. El acto se realizó 2 años después de que el organismo estatal emitió la recomendación.
El documento de derechos humanos señaló que Ávila Ruiz fue objeto de hostigamiento, humillaciones, abuso de poder, explotación laboral y actos de discriminación por razón de género por parte de su superior jerárquica, mientras laboraba en un área encargada de atender y promover políticas institucionales en materia de género.
La Universidad sostuvo que la disculpa pública forma parte de las medidas de reparación simbólica y afirmó que reforzará sus mecanismos internos para prevenir, atender y sancionar la violencia de género dentro de la comunidad universitaria.
Durante el acto, Ávila Ruiz cuestionó que la violencia sea normalizada en espacios institucionales o justificada por relaciones de autoridad.
“Es decepcionante que se justifique la violencia bajo el argumento de que eres servidor público. Nadie tiene derecho a violentarte o hacerte sentir mal, venga de quien venga”, expresó.
El caso expone fallas institucionales en la atención de denuncias dentro de la Universidad Veracruzana, así como la obligación de las autoridades universitarias de garantizar espacios laborales libres de acoso, discriminación y violencia.
La recomendación de la CEDH estableció que la trabajadora sufrió afectaciones personales, profesionales y emocionales derivadas de las conductas acreditadas, por lo que la disculpa pública fue incluida como una de las medidas para reconocer la responsabilidad institucional.
Con este acto, la UV admitió que los hechos contravinieron sus principios y obligaciones como institución pública de educación superior, y se comprometió a revisar sus procedimientos internos para evitar la repetición de casos similares.