Veracruz castigará la rapiña con hasta 5 años de prisión, aprueba Congreso

El Congreso de Veracruz aprobó castigar la rapiña con penas de dos a cinco años de prisión para quien se apodere de mercancías, objetos o bienes después de un accidente, siniestro o hecho de tránsito, aprovechando la vulnerabilidad, confusión o desorden generado por la emergencia.

La reforma, avalada con 46 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, adiciona el artículo 208 Bis al Código Penal del Estado y establece además una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). El decreto señala que la sanción será aplicable a quien se apodere de bienes transportados tanto en vehículos públicos como privados cuando aproveche las condiciones generadas por un accidente o hecho de tránsito.

La iniciativa fue presentada por el diputado de MORENA Omar Edmundo Blanco Martínez, quien sostuvo que la ausencia de una disposición específica limitaba la posibilidad de sancionar el apoderamiento de mercancías durante accidentes carreteros. “Una emergencia no puede ser una oportunidad para robar. Quien se aproveche de ella debe responder ante la ley”, expresó Blanco Martínez durante la discusión del dictamen.



Rapiña afecta a accidentados

El legislador señaló que la rapiña no sólo genera pérdidas patrimoniales, sino que también puede interferir en la atención de personas lesionadas y en el ingreso de los cuerpos de emergencia a la zona de un accidente. “Cuando hablamos de rapiña no hablamos solamente de mercancías, hablamos de vidas que pueden quedar expuestas, de personas que salen todos los días a trabajar y recorren nuestras carreteras para llevar un sustento a sus familias y de una emergencia que puede volverse todavía más grave”, dijo.

La propuesta presentada originalmente planteaba adicionar un artículo 207 Bis; sin embargo, las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones modificaron la numeración y determinaron incorporar el nuevo tipo penal como artículo 208 Bis. De acuerdo con el dictamen, el cambio busca mantener la congruencia con la estructura del Código Penal, debido a que el artículo 208 ya contempla disposiciones relacionadas con las conductas establecidas en el artículo 207. Las comisiones consideraron que incorporar un 207 Bis podía generar confusión en la aplicación de la norma.



Durante el debate, el diputado Urbano Bautista Martínez, del PVEM, respaldó la reforma y sostuvo que la sanción está dirigida al aprovechamiento de una situación de emergencia y no a las personas que acuden a auxiliar después de un accidente. “No queremos criminalizar la solidaridad, al contrario, queremos dejar perfectamente claro que quien se acerca a un accidente para auxiliar, para proteger una carga, para brindar agua, primeros auxilios o colaborar con las autoridades está actuando conforme a los valores que nuestra sociedad debe preservar”, afirmó.

Bautista Martínez recordó dos casos registrados en San Juan Evangelista. El primero ocurrió en junio de 2021, cuando un camión que transportaba cloro volcó sobre la carretera Transístmica y habitantes de la zona resguardaron la mercancía y auxiliaron al conductor. El segundo ocurrió en abril de 2024, también en San Juan Evangelista, cuando un tráiler que transportaba jabón sufrió un accidente. Según el legislador, pobladores protegieron la carga, colaboraron con elementos de la Guardia Nacional para trasladarla a otra unidad y auxiliaron al conductor. “Lo que debemos combatir es lo contrario, el aprovechamiento deliberado de una situación de emergencia para apoderarse ilícitamente de los bienes de una víctima”, señaló.

El dictamen establece que para imponer la pena deberán acreditarse los elementos del delito y la responsabilidad de la persona imputada, bajo los principios de legalidad, presunción de inocencia, debido proceso y proporcionalidad de las penas. La reforma fue aprobada en lo general y en lo particular con 46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. El decreto será remitido a la titular del Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.