Veracruz, con el mayor número de periodistas que enfrentan acoso judicial: Article 19

Veracruz se colocó en 2025 como la entidad con más procesos de acoso judicial contra periodistas documentados en el país, al concentrar 10 casos, de acuerdo con el registro elaborado por Article 19 que confirma una tendencia sostenida de judicialización del ejercicio periodístico en la entidad.

El informe señala que, entre enero y julio de este año, se documentaron 51 procesos de este tipo en México, lo que equivale a la apertura de un nuevo caso, en promedio, cada 4 días. Aunque el mayor número se concentra en Veracruz, la organización advierte que el fenómeno ya se ha extendido a 17 entidades federativas, lo que evidencia un patrón nacional.

Después de Veracruz, la Ciudad de México aparece como el segundo estado con más casos documentados, con un total de 9. Article 19 refiere que en la Capital del País se ha registrado un uso recurrente de mecanismos judiciales y administrativos para cuestionar publicaciones periodísticas, particularmente en contextos vinculados con funcionarios públicos y actores con acceso a estructuras institucionales que facilitan la interposición de denuncias.



Jalisco ocupa el tercer lugar nacional, con 6 casos documentados. El reporte identifica que en esta entidad los procesos suelen derivarse de la publicación de investigaciones relacionadas con asuntos de interés público, y que las acciones legales se han utilizado como una vía para generar desgaste económico, emocional y profesional en periodistas y medios.

En un segundo bloque de entidades aparecen Campeche, Oaxaca y Puebla, con 3 casos cada una. Article 19 subraya que, aunque el número es menor frente a Veracruz, la Ciudad de México o Jalisco, estos estados muestran una recurrencia en el uso de figuras legales que permiten activar procedimientos prolongados, incluso cuando las denuncias no prosperan en el fondo.

Con 2 casos documentados se ubican Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala. En estos estados, la organización advierte que el denominador común es la utilización de recursos legales que, si bien no siempre concluyen en sanciones, sí implican costos elevados para quienes ejercen el periodismo.



En Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Yucatán se documentó un caso en cada entidad. Article 19 precisa que la existencia de un solo proceso no implica un riesgo menor, ya que la apertura de cualquier procedimiento judicial contra periodistas puede tener efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión, particularmente en contextos locales donde los recursos para la defensa son limitados.

Denuncias

Respecto de Veracruz, el informe detalla que ha identificado casos en los que “una misma figura política denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil por una mera mención de nepotismo en sus publicaciones”.



Añade que, al momento de la elaboración del documento, el Organismo Público Local Electoral del estado “sigue enviando notificaciones”, lo que, según la organización, evidencia cómo una sola persona puede activar múltiples procedimientos de manera simultánea.

“A la fecha de redacción de este reporte, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz) sigue enviando notificaciones, resaltando como una misma persona puede silenciar a grupos enteros abusando de estas herramientas”.

ARTICLE 19 advierte que este tipo de prácticas muestra un uso expansivo de las leyes como herramientas de presión, al señalar que “una misma persona puede silenciar a grupos enteros abusando de estas herramientas”, lo que incrementa el riesgo para el ejercicio periodístico, no sólo en Veracruz, sino en el resto de las entidades donde el fenómeno comienza a replicarse.



El reporte concluye que, aunque Veracruz encabeza las cifras, la dispersión geográfica de los casos confirma que el acoso judicial se ha convertido en una estrategia recurrente contra periodistas en distintas regiones del país, con variaciones en intensidad, pero con un impacto común sobre el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.