Veracruz, el cuarto con más fallecimientos por COVID-19 en cárceles

De acuerdo con los datos recabados por Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), hasta el 19 de mayo de 2021 se registraban en los centros penitenciarios de Veracruz 47 personas contagiadas y 30 defunciones por COVID-19, lo que ubica a la entidad como la cuarta con más contagios en el país, después de Ciudad de México, Baja California y Estado de México.

La cifra anterior es especialmente llamativa, si se toma en cuenta que, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario en los ámbitos estatal y federal (CNSIPEE-F) 2021 dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro Estado ocupa el décimo lugar en población ingresada en centros penitenciarios federales, estatales y centros especializados de tratamiento.

Por su parte, en el país se reportan 4 mil 451 contagios (3 mil 937 entre las personas privadas de su libertad y 514 entre el personal penitenciario) y 357 fallecimientos por COVID-19 (284 entre los privados de libertad y 73 entre el personal).



ASILEGAL señala que todo el país corre riesgos graves si no se protege a la población privada de su libertad y a los trabajadores de los centros penitenciarios, por lo que es urgente su inmunización.

En ese sentido, reporta que para la fecha de corte se habían aplicado en total 20 mil 173 vacunas contra COVID-19 entre los reclusos del país, de las cuales el 63 por ciento fue en Baja California. En Veracruz, con un universo de unas 6 mil 500 personas privadas de su libertad, se habían dado 429 inmunizaciones.

La organización recordó que la pandemia inició en los centros penitenciarios el 31 de marzo de 2020, cuando cinco personas en un centro de reinserción social del Estado de México reportaron malestares con sintomatología propia de esta enfermedad, las cuales serían confirmadas como los primeros casos de infección por SARS-CoV-2 dentro del sistema penitenciario.



“Después, el patente desorden, desinterés e incapacidad de las autoridades para hacer frente a la amenaza comenzó a cobrar vidas. Las acciones precisas y conjuntas tardaron en aparecer en las 289 prisiones del país, mientras en algunas nunca llegaron. Si bien se cancelaron visitas o se restringió inhumanamente la salida de estancias, elevando las horas de hacinamiento en las celdas de por sí sobrepobladas: -45.6 por ciento de la población privada de la libertad a nivel nacional comparte su celda con más de cinco personas, el estatuto de las personas privadas de libertad como ciudadanas de segunda clase jugó gravemente en su contra y, hoy, se siguen contando las consecuencias”.

A pesar de las reiteradas demandas de la sociedad civil por esclarecer las metodologías y mecanismos para evitar contagios dentro de los centros, especialmente aquellas que pudieran sobrepasar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, no se podría decir que hubo particular atención a estas demandas. Más bien, si ya existía un blindaje de información en el sistema penitenciario, esto se agudizó durante la pandemia, generando violencia al interior, protestas al exterior, angustia en familiares y, por supuesto, alarma para el respeto de los derechos humanos en el país, refieren.

El sistema penitenciario no ha podido con la magnitud del problema que le aqueja, concluyen desde ASILEGAL. “Las personas privadas de libertad han adolecido como ningún otro grupo poblacional los estragos de la pandemia. Se les quitó el trabajo, el deporte, la salud, el acceso a visitas familiares, visitas íntimas, y el simple hecho de salir a tomar el sol”.



“En el contexto de deficiencias de servicios de salud en el 40.44 por ciento de todos los centros penitenciarios del país, así como la sobrepoblación en el 33 por ciento de los centros estatales, hizo impensable la posibilidad de la sana distancia desde el inicio. Como consecuencia, el hacinamiento anteriormente mencionado y la reclusión a celdas de castigo se empezaron a convertir en normas”.

La agrupación señala que los atropellos a derechos humanos llevaron a la absoluta desesperación de familiares que rogaban por saber el mínimo de información, que las autoridades se rehusaron a proporcionar. Esto llevó a que se hicieran ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos más de mil quejas el año pasado, de las cuales el 51 por ciento fueron sobre el derecho a la salud. Un incremento de 717 por ciento con respecto a 2019, pero que sorprendentemente ameritó la misma cantidad de recomendaciones: 13.