Veracruz, el estado que más contratos millonarios otorgó a los hermanos Hernández Casillas

Veracruz encabezó las contrataciones electorales adjudicadas a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, con 570.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, reveló este jueves 5 de noviembre la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.

El monto representa el 27.2 por ciento de los 2 mil 94 millones de pesos identificados por el Gobierno federal en contratos otorgados por organismos electorales de 23 entidades del país durante ese periodo.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Buenrostro presentó una investigación que ubica a Veracruz como la entidad con mayores adjudicaciones al grupo empresarial, por encima de Nuevo León, con 314.2 millones de pesos; Hidalgo, con 203.6 millones, y Oaxaca, con 200.4 millones. De los recursos contratados en Veracruz, 302.9 millones de pesos corresponden a Cajas Graf; 263.3 millones, a Seriplast de México, y 4.2 millones, a Corporativo ZEG. Las dos primeras compañías concentraron el 99.3 por ciento del monto estatal.

La funcionaria federal sostuvo que las empresas estaban relacionadas con los hermanos Hernández Casillas y participaban en licitaciones públicas mediante un esquema en el que aparentaban competir entre sí, aunque los beneficiarios finales eran los mismos empresarios. “Simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar. El que se ponía de acuerdo quién iba a ganar era el que ofertaba el precio más bajo, y entonces, ya se daba el fallo”, explicó.

De acuerdo con Buenrostro, la investigación se elaboró con información de la Plataforma Nacional de Transparencia y de CompraNet histórico, por lo que los montos podrían aumentar conforme avance la revisión de expedientes a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Secretaria advirtió que existen contratos que no aparecen en las plataformas de consulta pública, debido a que algunos organismos no registraron toda la información sobre sus procedimientos de contratación. “Digamos que esto es un piso y de aquí para arriba los contratos se van a mover hacia arriba”, señaló.

Buenrostro también informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan operaciones financieras de las compañías, luego de identificar transferencias entre empresas relacionadas, algunas sin empleados declarados ni capacidad técnica acreditada.

Según la funcionaria, estas operaciones presentan características asociadas con empresas fachada y posibles mecanismos para ocultar a los beneficiarios finales de los recursos. La investigación federal identificó vínculos familiares y societarios entre las compañías, así como la participación de los hermanos Hernández Casillas y sus familiares en su administración y representación legal.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la red de proveedores electorales comenzó a operar desde finales de la década de 1990 y que su actividad se extendió durante distintas administraciones y reformas electorales. Por su parte, la ASF inició investigaciones sobre contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos públicos locales electorales, entre ellos el de Veracruz.

Sheinbaum informó que la UIF inmovilizó algunas cuentas bancarias relacionadas con las investigaciones, a partir de las actuaciones de la ASF, y sostuvo que corresponde a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales determinar las responsabilidades. La secretaria precisó que la ASF deberá revisar los procedimientos de contratación y, en caso de acreditar irregularidades, promover las sanciones y denuncias correspondientes tras los señalamientos de corrupción luego de la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

La revisión federal también comprende las adjudicaciones realizadas durante 2024 y 2025, periodo en el que las empresas vinculadas con los Hernández Casillas obtuvieron otros 646 millones de pesos en contratos con organismos electorales de 15 entidades del país.