La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, informó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para recuperar los montos determinados en créditos fiscales que derivan de sentencias firmes de tribunales por un monto aproximado de 22 mil millones de pesos, señalando que dicha atribución es de la dependencia estatal.
En conferencia de prensa, la Auditora General del ORFIS explicó que dichas sentencias corresponden a procesos iniciados desde administraciones pasadas y que en su mayoría ya fueron resueltos por los tribunales administrativos. “Desde la administración anterior estuvimos recibiendo sentencias firmes de los tribunales donde nos están señalando que hay créditos firmes ya determinados y que por esa razón, al ser créditos fiscales, los remitimos a la Secretaría de Finanzas”, dijo.
La Auditora General aclaró que el ORFIS no tiene facultades legales para ejecutar el cobro de los créditos fiscales, por lo que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a SEFIPLAN a través del procedimiento administrativo de ejecución. “No tenemos la atribución en Ley para iniciar un procedimiento administrativo de ejecución. Es un trabajo que corresponde a la Secretaría de Finanzas”, subrayó.
Indicó que de los 22 mil millones de pesos señalados, 19 mil millones corresponden a sentencias firmes recibidas durante su gestión. Reiteró que ya se establecieron mesas de trabajo con el titular de SEFIPLAN, Miguel Reyes Hernández, con el propósito de definir los mecanismos de recuperación. “Hemos platicado con el Secretario de Finanzas para reunirnos, que los equipos de trabajo se reúnan para que se le dé el seguimiento correspondiente”, dijo.
No se han recuperado recursos
La titular del ORFIS coincidió en que hasta ahora no se han recuperado recursos en efectivo derivados de esas resoluciones judiciales, aunque insistió en que las sentencias abren la posibilidad de reintegrar al erario. “Cuando comenté la vez anterior, dije: ‘Hemos tenido sentencias firmes’, pero no quiere decir que estén cobradas. Por eso acordamos con Finanzas revisar los casos y ver los avances en la recuperación”, señaló.
Al ser cuestionada sobre los exservidores públicos involucrados, la Auditora General confirmó que los nombres están contenidos en las resoluciones judiciales y son de acceso público. “Estamos hablando (principalmente) del periodo 2016, cuando estuvo el gobernador Javier Duarte”, indicó.
González Cobos explicó que la recuperación de los recursos dependerá de la capacidad de ejecución de SEFIPLAN, la cual debe actuar con reserva debido al carácter legal del procedimiento. “Cuando se está llevando a cabo el procedimiento administrativo de ejecución tampoco puede ponerse sobreaviso. No se puede decir: ‘Vamos a embargar a un particular’. Ellos tienen su programa de trabajo y nosotros estamos pendientes y coordinándonos”, puntualizó.
Asimismo, reconoció que algunos exfuncionarios han intentado prolongar los procesos legales. “Han sido años y años en los que ellos han estado defendiéndose. Sin embargo, la sentencia está firme y los condena a que paguen estas cantidades”, explicó.
Sobre los créditos fiscales vinculados con municipios, la Auditora General precisó que la recuperación también corresponde a SEFIPLAN y los recursos se devolverían a las tesorerías municipales según el origen del daño patrimonial. “Dependiendo de dónde haya salido el recurso, donde se efectuó el daño, ahí se reintegra”, sostuvo.
Finalmente, Delia González Cobos recordó que los créditos fiscales se derivan de revisiones hechas a las cuentas públicas desde 2015 y 2016, cuyos juicios se extendieron durante varios años. “El asunto es de 2015, en 2016 lo revisó el ORFIS, de ahí vino la primera impugnación y después de eso tuvimos la sentencia el año pasado. Ahora lo que corresponde es iniciar los procedimientos de cobro cuanto antes. Seguramente están iniciados, pero eso lo sabremos en las mesas de trabajo con Finanzas”, concluyó González Cobos.