Veracruz, segundo lugar por denuncias de violencia política en razón de género

El Centro de estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado ha canalizado a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género tres quejas de síndica y regidoras de las actuales administraciones municipales que denuncian ser víctimas de violencia política en razón de género.

Arhely Cuesta Briones, encargada del despacho, reconoció que las querelles presentadas pueden ser más, ya que la referida Comisión Permanente también ha recibido algunas.

Cabe mencionar que con base en el Registro Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, Veracruz ocupa el segundo lugar en número de denuncias.



A la fecha acumula 32 después de Oaxaca que está en el primero lugar con 61 quejas.

Además, Veracruz tiene al mayor violentador de mujeres del país, que es Ernesto Ruiz Flandes, exalcalde de Altotonga en el cuatrienio 2018/2021, que cuenta con 11 denuncias y estará inscrito en el registro por 7 años, que le imposibilita participar como candidato a un cargo de elección popular.

Cuestas Briones lamentó que pese a la existencia de un marco legal que sanciona la violencia de género y que incluso, en procesos electorales la violencia política en contra de las mujeres es causal para anular el resultado de una elección , se sigue presentando ese fenómeno.



Agregó que se identifica la violencia porque se les limita su desarrollo, hay otros casos en donde se les niega el derecho de poder votar o proponer a los directores de área, “están atadas de mano”.

Dijo que ello refleja una incapacidad del género masculino de reconocer que las mujeres deben desarrollar su función de manera libre y sin coacción, pues también son representantes del pueblo.

Añadió que en diciembre del año pasado se impartió un curso de capacitación a las y a los ediles de los Ayuntamientos del Distrito Electoral de Minatitlán, con la finalidad de sensibilizar sobre ese tema.



“Urge que los Alcaldes entiendan que no es una violación a su autonomía y que deben procurar condiciones de igualdad en el desarrollo de las mujeres”.