Veracruz sigue como el segundo del país en secuestros: SESNSP

Si bien entre enero y julio del año en curso descendieron en poco más del 14 por ciento los secuestros denunciados en el estado de Veracruz, con respecto al mismo periodo de 2017, la entidad veracruzana se mantiene todavía como la segunda en el país en este delito de alto impacto, después del Estado de México, indica la Secretaría de Gobernación.

De hecho, este segundo lugar nacional en secuestros lo ha mantenido la entidad veracruzana desde el año 2017, de acuerdo a los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la SEGOB, de los cuales el último de ellos se publicó ayer lunes 20 de agosto por la noche.

El SESNSP precisa que la incidencia delictiva se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de los datos.



En su informe de anoche, el SESNSP indica que el primero en el país en secuestros denunciados es el Estado de México con 94 registrados entre enero y julio del año en curso.

El segundo en el país es el estado de Veracruz con 89 denuncias recibidas en los primeros siete meses del año.

Es importante destacar que al comparar los informes de la SEGOB de este año con el anterior, en el actual periodo enero-julio hubo 15 secuestros menos que en las mismas fechas de 2017, lo cual representa la disminución del 14.4 por ciento.
Sin embargo, con las 89 denuncias recibidas en los primeros siete meses del año, el estado de Veracruz mantiene su segundo lugar nacional en secuestros.



Les sigue el estado de Guerrero con 29 denuncias recibidas en el referido periodo, así como de Puebla, con 28 y de Tabasco y Zacatecas, con 23 casos cada uno respectivamente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su “Manual de Lucha contra el Secuestro”, define este delito como: “detener ilícitamente a una persona o personas en contra de su voluntad con la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo (resolución 2002/16del Consejo Económico y Social).