Veracruz, sin estrategia contra el “cártel inmobiliario”; nula restitución de propiedades

El despojo de viviendas y terrenos se ha convertido en uno de los principales conflictos patrimoniales en Veracruz. Decenas de familias han denunciado durante los últimos meses que perdieron sus propiedades mediante un esquema fraudulento ejecutado a través de juicios civiles, escrituras públicas, poderes notariales y órdenes de lanzamiento que, aseguran, fueron obtenidos de manera irregular. Es decir, señalan haber sido víctimas de un contubernio por abogados, notarios públicos, jueces y funcionarios estatales.

A pesar de ello, la entidad aún no cuenta con una estrategia integral para enfrentar este fenómeno y los resultados oficiales siguen siendo limitados.

La diferencia con el Estado de México, donde también se presenta esta problemática, es marcada. Desde noviembre de 2024 esa entidad implementó la Operación Restitución, una estrategia coordinada por la Fiscalía estatal con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y policías municipales para investigar y recuperar inmuebles presuntamente despojados.

Al corte del 13 de julio de este año, las autoridades mexiquenses reportaban el aseguramiento de 2 mil 276 inmuebles en 79 municipios, de los cuales mil 396 ya habían sido restituidos a sus propietarios. Además, hasta abril sumaban 428 personas detenidas por delitos relacionados con despojo.

En Veracruz no existe un operativo similar. La respuesta gubernamental se ha limitado a una mesa interinstitucional, la cual se definió luego del cierre vehicular, el 6 de julio, en la calle Enríquez del centro de la ciudad por parte las familias afectadas; es decir, la mesa de diálogo fue respuesta a la presión de las víctimas.

En esa reunión la mesa estuvo integrada por el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Poder Judicial y el Colegio de Notarios; se acordaron encuentros permanentes cada 15 días, pero la segunda reunión nunca llegó porque fue cancelada por las autoridades unas horas antes del día pactado.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó el 18 de julio que existen más de 120 casos de ciudadanos que denuncian haber sido afectados por desalojos y anunció que el Gobierno revisará todos los lanzamientos (desalojos) que se ejecuten en el Estado, incluidos aquellos ordenados por jueces. Sin embargo, en cuanto a resultados, la única restitución de un inmueble presentada públicamente por el Gobierno corresponde a una vivienda ubicada en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa.

En el ámbito penal, la Fiscalía General ha logrado judicializar algunos expedientes este 2026. Entre los procesados se encuentran los abogados Miguel Isaac Contreras Gómez Gil y Rafael Herrera Martínez; José Alfredo “N” y Zain Alef “N”, así como Salvador Matías “N”, quien permanece bajo prisión preventiva por un caso relacionado con el presunto despojo de una vivienda mediante un juicio civil promovido con documentación falsa.

No obstante, además de los expedientes que ya se encuentran en tribunales, continúan existiendo señalamientos públicos que hasta el momento no han derivado en imputaciones penales. Entre ellos figuran el abogado Roly Domínguez Romero; Míriam Ceballos Ruiz; el juez René Ortiz Sartorius, así como los jueces Leopoldo Toss Capistrán, hermano del titular de Política Regional, Adolfo Toss Capistrán, y Dania Iveth Arenas Pérez, quienes han sido mencionados por personas afectadas en varios casos relacionados con despojos.

Aunque la problemática es la misma, Veracruz presenta características distintas a las del Estado de México, ya que, en aquella entidad predominan las invasiones de inmuebles por grupos organizados y en Veracruz el patrón descrito por las víctimas consiste en despojos sustentados en documentos con apariencia de legalidad: escrituras, poderes notariales, sentencias judiciales y órdenes de lanzamiento.

Esto significa que en la entidad veracruzana, para recuperar una propiedad no basta con desalojar a un ocupante, sino que es necesario revertir actos de fe pública y resoluciones judiciales mediante nulidades, amparos e investigaciones contra servidores públicos, lo que conlleva tiempo e inversión en contratación de abogados, por lo que la afectación es aún mayor.

Además, la problemática de despojos en Veracruz es estructural. El Registro Público de la Propiedad, Catastro y el registro de notarías dependen administrativamente de la Secretaría de Gobierno, la misma dependencia que actualmente coordina la mesa encargada de atender las denuncias; esta concentración institucional genera un conflicto de intereses, pues el órgano responsable de investigar comparte estructura con las áreas que aparecen de manera recurrente en las denuncias, esto sin mencionar que el encargado de atender a los afectados, Adolfo Toss Capistran, es hermano del juez Leopoldo Toss, uno de los señalados por su actuar ante estos casos.

A ello se suma la falta de información pública para medir el alcance del fenómeno. En Veracruz no se ha dado a conocer cuántas carpetas de investigación existen por despojo, cuántas han sido judicializadas ni cuántos inmuebles han sido recuperados. Las autoridades no dieron los nombres de los 3 notarios cuyas anuencias fueron retiradas, no informaron por cuáles y cuántos casos, quienes fueron los afectados ni dónde. Tampoco hay acciones penales para ellos, esto, pese a que la gobernadora Rocío Nahle anunció esa medida desde febrero.

Ante esta situación, donde cada vez son más los casos que se hacen públicos, no se han otorgado estadísticas oficiales, no hay transparencia y tampoco existe una estrategia específica de combate al despojo, por lo que resulta difícil evaluar objetivamente la efectividad de las acciones emprendidas por las autoridades de Veracruz.