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Sección: Estado de Veracruz

Veracruz todavía enfrenta deuda bancaria de 41 mil 811 mdp; se paga con fondos federales

- Gobierno tiene comprometida casi la mitad de su Fondo General de Participaciones, explica Miguel Reyes

- Desde diciembre de 2024, apenas se pagaron 5 mil 964 millones de pesos

- Hay 4 denuncias penales por desvío de 280 millones de pesos en UPAV

José Topete Xalapa, Ver. 18/11/2026

alcalorpolitico.com


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El Gobierno de Veracruz mantiene comprometida casi la mitad de su Fondo General de Participaciones como garantía de una deuda bancaria de 41 mil 811 millones de pesos, pese a la reducción de sus pasivos durante los últimos dos años, admitió el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario informó que el 48.8 por ciento de esos recursos federales respalda los 16 créditos que aún debe pagar la administración de la gobernadora Rocío Nahle García y detalló que algunos se han refinanciado.

La proporción disminuyó respecto del 54.3 por ciento registrado al inicio del actual Gobierno, lo que representa una reducción de 5.5 puntos porcentuales en los ingresos federales comprometidos para garantizar el pago de los financiamientos. Al presentar los resultados de la dependencia, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, Reyes Hernández detalló que la deuda bancaria pasó de 47 mil 775 millones de pesos en diciembre de 2024 a 41 mil 811 millones en noviembre de 2026.

En ese periodo, el saldo disminuyó 5 mil 964 millones de pesos, equivalente al 12.5 por ciento, mediante pagos anticipados y modificaciones a las condiciones de los préstamos.

El número de créditos también se redujo de 21 a 16. Entre las operaciones efectuadas destacan 3 liquidaciones anticipadas por un monto conjunto de 3 mil 165 millones de pesos.

Confirma refinanciamientos

No obstante, la estrategia de SEFIPLAN no se limitó al pago de deuda. También incluyó refinanciamientos y reestructuraciones para reducir las tasas de interés y disminuir la proporción de participaciones federales comprometidas.

El funcionario explicó que los créditos Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) IV y V fueron refinanciados bajo condiciones que, aseguró, permitieron mejorar las tasas de interés sin aumentar los saldos pendientes ni prolongar los plazos de vencimiento.

En el caso de los financiamientos BBVA I, II y III, la reestructuración redujo de 5.25 a 3.4 por ciento la proporción del Fondo General de Participaciones destinada a respaldar esas obligaciones.

Según Reyes Hernández, los cambios permitieron duplicar el flujo de caja disponible para la administración estatal respecto de las condiciones anteriores de dichos créditos.

El Secretario aseguró que las negociaciones se realizaron directamente por personal de SEFIPLAN, sin recurrir a despachos externos, y cuestionó los costos de las operaciones financieras efectuadas en administraciones anteriores.

“Se acabó el festín de los intermediarios. Durante años cada reestructuración significaba contratar despachos, pagar calificadora, notarios y comisiones bancarias. Nuestra estrategia rompió con esta práctica”, afirmó.

Sostuvo que, en el pasado, algunas operaciones presentadas como ahorros por la disminución de intereses terminaban por incrementar las obligaciones financieras debido a la ampliación de los plazos de pago.

“Lo que antes se presentaba como un ahorro por la reducción de tasas de interés era en realidad un beneficio provisional que terminaba pagando más adelante y por más tiempo el pueblo de Veracruz”, señaló.

Liquidaron bursatilización

A la reducción de la deuda bancaria se sumó la liquidación de las obligaciones bursátiles contratadas en 2008 por 199 municipios de Veracruz.

Reyes Hernández informó que esta operación evitará el pago de 720 millones de pesos en intereses y otros costos financieros. En su exposición, presentó un beneficio de mil 180 millones de pesos, cifra que también incluye 460 millones desembolsados por el Gobierno estatal para liquidar los compromisos.

Con ambas medidas, la administración reportó una disminución de 6 mil 464 millones de pesos en el endeudamiento financiero conjunto del Estado y los municipios, equivalente al 14 por ciento en 2 años.

La deuda por habitante, agregó, pasó de casi 6 mil a aproximadamente 5 mil 200 pesos, una reducción cercana al 13 por ciento.

Sin embargo, el ajuste de los pasivos coincide con una disminución en los recursos que Veracruz esperaba recibir de la Federación durante 2026.

Participaciones federales

El titular de SEFIPLAN informó que las participaciones federales previstas para este año se redujeron en 3 mil 643 millones de pesos respecto de lo aprobado originalmente en la Ley de Ingresos.

La estimación pasó de 73 mil 675 millones a 70 mil 32 millones de pesos para el cierre del ejercicio fiscal, una disminución del 4.9 por ciento.

Reyes Hernández reconoció que más del 90 por ciento de los ingresos estatales depende de las transferencias federales, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional repercute en la disponibilidad de recursos para Veracruz.

El Secretario atribuyó la disminución de las participaciones a factores económicos internacionales, entre ellos los cambios en la política comercial y económica de Estados Unidos, que, según explicó, han afectado a sectores como el automotriz y el acerero.

Señaló que estas condiciones repercutieron en la actividad económica del País y, en consecuencia, en la recaudación federal utilizada para calcular las participaciones distribuidas a los estados.

4 denuncias por desvíos en UPAV

El manejo irregular de unos 280 millones de pesos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) derivó en 4 denuncias penales por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, informó por otra parte Reyes Hernández.

El funcionario señaló que los recursos eran administrados por la Fundación EDAL, que recibía las aportaciones de los estudiantes y transfería el dinero a empresas inmobiliarias y de publicidad para realizar pagos a docentes y directivos. “La universidad era como un cascarón; no tenía control ni siquiera del registro de sus alumnos”, afirmó al explicar que la institución tampoco administraba directamente sus ingresos ni contaba con expedientes de todos sus profesores.

Reyes Hernández sostuvo que la fundación operaba un esquema en el que los docentes debían incorporar alumnos y recibían pagos proporcionales al tamaño de sus grupos, sin una relación laboral directa con la universidad ni reconocimiento de antigüedad. Además, señaló que se cobraban cuotas de mantenimiento sin que se justificara el destino de los recursos.

El titular de SEFIPLAN detalló que las denuncias incluyen presuntos delitos de incumplimiento del deber legal, peculado y defraudación fiscal, relacionados con el convenio firmado el 2 de enero de 2025 entre la UPAV y la Fundación EDAL. También se denunció la presunta realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante la adquisición y el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
UPAV también denunció

Por su parte, la UPAV presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), por una posible red de personas que habría utilizado cargos dentro de la institución para captar recursos en beneficio de particulares. “Las denuncias ya están ingresadas. Estamos colaborando con las fiscalías para dar resultados”, aseguró el funcionario.

Reyes Hernández informó que el Gobierno estatal asumió adeudos por 84.2 millones de pesos correspondientes a 2025, además de otros 24.5 millones destinados al pago de docentes y directivos. Como parte de la revisión administrativa, se registraron 4 mil 767 docentes y directivos, de los cuales 4 mil 562 recibieron sus pagos. En otros 57 casos se aplicaron límites porque los profesores reportaron más de 40 materias por periodo.

Sin embargo, 205 personas continúan sin cobrar debido a inconsistencias en sus expedientes. De ellas, 86 carecían de registro formal, 77 no acreditaron las materias y periodos impartidos y 42 no presentaron pruebas de haber dado clases en el nivel académico declarado. El Secretario sostuvo que la revisión forma parte de la reorganización financiera de la UPAV, luego de que el Gobierno estatal asumió el control de los recursos que anteriormente manejaba la fundación.