Luego de casi un año ocho meses de haber sido desalojada de la vivienda que pertenece a sus hijas, Vanessa Avila Lagunes recibió este viernes la entrega provisional del inmueble, en lo que calificó como un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas del presunto cártel inmobiliario que opera en Veracruz.
Al recordar el proceso que enfrentó, señaló que el desalojo ocurrió el 11 de diciembre de 2024 y desde entonces emprendió una batalla legal para recuperar la propiedad. “Gracias a Dios hoy me la van a entregar provisionalmente. Hemos batallado mucho porque es un cártel inmobiliario. Somos muchísimas víctimas las que estamos esperando justicia”, expresó.
Avila Lagunes afirmó que, aunque la restitución de su vivienda representa un paso importante, aún existen decenas de personas que continúan esperando recuperar sus bienes, entre ellos casas, vehículos, terrenos y ranchos. “Esperamos que nos devuelvan cada una de nuestras propiedades y que todos los casos sean resueltos a nuestro favor, que los culpables paguen con cárcel”, manifestó.
Asimismo, hizo un llamado para que las investigaciones continúen y se sancione a los responsables, al considerar que el combate a la impunidad comienza a dar resultados. “Queremos que ya los detengan, que ya se acabe la impunidad, que desde mi punto de vista ya se está acabando”, sostuvo.
Acompañada de otras víctimas que han hecho públicos sus casos de despojo, agradeció a la gobernadora Rocío Nahle García, a la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, por las acciones emprendidas y por la instalación de una mesa de diálogo con las víctimas, aunque insistió en que el proceso debe continuar hasta lograr la restitución de todos los patrimonios afectados.
En este sentido recordó que los señalados son: Roly Domínguez Romero, Miguel Isaac Contreras Gómez Gill, Pedro Damián Atilano Cruz, Miriam Ceballos Ruiz, quienes operaron con total impunidad, además e los jueces, Leopoldo Toss Capistran, Dania Iveth Arenas Pérez, los notarios, Eugenio Vásquez Muñoz, Francisco Javier Saucedo Rivadeneyra, Juan de la Luz Souza Hernández, entre otros.
Fue a las 6 de la tarde de este viernes, cuando policías ministeriales, fiscales y policías estatales, acudieron hasta el domicilio a dar cumplimiento a la orden de un juez de control de restituir el bien patrimonial mientras continúa el procedimiento penal.
Las autoridades se dieron q la tarea de abrir la puerta principal con labores del equipo, quienes tuvieron que utilizar maniobras con taladros, posteriormente, ya adentro del inmueble se realizó la entrega formal y la firma de documentos correspondientes para entregar la casa de manera provisional.
Vanessa, quien fue una de las primeras víctimas en hacer pública su situación, relató que ampliará su denuncia para integrar a otros implicados, ya que los daños causados son irreparables. “A mí me causó daño psicológico, yo venía saliendo de un cáncer, ahorita tengo diabetes, la verdad a todos los afectados nos ha causado daño psicológico, económico, en todos los sentidos”.
Para finalizar, solicitó a las autoridades que que se investigue a fondo para que se haga justicia y todos los involucrados paguen con cárcel, ya sean jueces, magistrados, fiscales, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, de catastro y sobre todo, el grupo de abogados que realiza todos los movimientos ilegales ante las dependencias. “Porque aquí venían y se burlaban de nosotros, nos decían que ya nos habíamos quedado sin casa, se reían y aseguraron que no pisarían la cárcel porque estaban protegidos”.