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Sección: Estado de Veracruz

Víctimas de robo de vehículos en Perote señalan que denuncias no avanzan en la Fiscalía

- Afirman que fiscal Lorena Guadarrama pone trabas para proceder contra responsables

- Recriminan que considera insuficiente evidencia pese a que están identificados en fotos y videos

- Hay 30 querellas formales, pero número de unidades hurtadas se elevaría a 80, indican

José Topete Xalapa, Ver. 29/01/2026

alcalorpolitico.com


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Una serie de robos de vehículos con violencia registrados desde mediados de 2025 en la región de Perote y municipios colindantes ha derivado en al menos 30 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, mientras que entre las víctimas circula un conteo no oficial que eleva la cifra hasta 80 unidades sustraídas, en su mayoría camionetas de trabajo de modelos recientes.

Pese a que algunos presuntos integrantes de la banda han sido detenidos, las personas afectadas acusan que los casos permanecen sin avances sustanciales y que otros responsables del robo continúan en libertad, pues por parte de la Fiscalía argumentan que hay pocas evidencias para proceder por dicho delito.

De acuerdo con testimonios recabados por este medio, las víctimas sostienen que la fiscal asignada a sus carpetas de investigación, identificada como Lorena Guadarrama Cotero, les ha señalado que no puede proceder penalmente contra los presuntos responsables debido a que no fueron detenidos en flagrancia y, en algunos casos, considera insuficiente la evidencia presentada sobre el despojo de las unidades.



“Nos dicen que no procede porque no los agarraron en flagrancia o porque no hay cómo comprobar el robo, aunque están plenamente identificados en video y en fotografías”, señaló uno de los denunciantes, quien pidió el anonimato por razones de seguridad.

Las denuncias formales comenzaron a acumularse a partir de junio del año pasado, luego de que vecinos de la zona identificaran un patrón común en los robos y la presencia recurrente de personas ya conocidas por antecedentes similares. Según las víctimas, el repunte coincidió con la salida de prisión de un hombre que había estado recluido en Tehuacán, Puebla, por el delito de robo de vehículos.

“Fue todo a raíz de que un vecino salió de la cárcel. Estaba preso en Tehuacán por el mismo delito de robo de vehículos. Llega a la zona y empiezan los robos”, relató uno de los afectados.



Decenas de afectados

Aunque alrededor de 20 a 25 personas acudieron de manera conjunta a la Fiscalía para denunciar los hechos, los propios denunciantes aseguran que el número real de víctimas es mayor. “Ahorita sí somos como 30 afectados, pero de reportes no confirmados, de los que se tiene noticia, serían como 70 robos de unidades”, expuso otro de los entrevistados.

Las unidades robadas corresponden principalmente a camionetas utilizadas para actividades laborales, entre ellas modelos Nissan NP300 y camionetas Toyota. “Lo que más ha sido, puras camionetas de trabajo de modelo reciente”, indicaron.



El modo de operación descrito por las víctimas es similar en todos los casos. Los robos ocurren cuando las personas se disponen a estacionarse o descienden de sus vehículos, momento en el que son interceptadas por varios sujetos armados. “Lo bajan a uno a mano armada del vehículo, ni tiempo da de nada”, relató uno de los denunciantes, quien afirmó que el mismo procedimiento ha sido utilizado contra hombres y mujeres por igual.

Decenas de afectados

Los afectados sostienen que la banda opera de manera interestatal, con vínculos en el estado de Puebla, particularmente en zonas identificadas por el robo de vehículos y mercancía. “Es una banda que opera a nivel interestatal”, afirmaron.



Según los testimonios, algunos de los presuntos integrantes de la banda han sido detenidos recientemente, pero no por el delito de robo de vehículos.

De acuerdo con información oficial difundida por la Fiscalía General del Estado, en el municipio de Perote fueron vinculados a proceso Edwin “N”, Édgar “N” y Saúl Antonio “N” como presuntos responsables de delitos contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud.

En ese caso, el órgano jurisdiccional ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 20/2026.



Las víctimas sostienen que, aunque reconocen dichas detenciones, estas no corresponden a los robos denunciados. “Están imputados por posesión de drogas y armas, pero no por el robo de vehículos, aunque todos los identificamos como las mismas personas”, señalaron.

De acuerdo con los testimonios, uno de los detenidos, identificado como Édgar, habría participado directamente en varios atracos y lo tienen plenamente identificado.

Además, refieren que 2 hermanos de uno de los presuntos responsables continúan en libertad, pese a aparecer en videos de cámaras de vigilancia. “Son 2 hermanos del que está adentro. Tengo fotografías y andan como si nada, sueltos”, indicó uno de los denunciantes.



Las personas afectadas también señalaron que uno de los hermanos, identificado como Carlos “N”, habría estado preso anteriormente en Tehuacán, Puebla, por el mismo delito de robo de vehículos.

En al menos un caso, las víctimas aseguran haber presentado videos donde se observa a los presuntos responsables realizando amenazas directas. Sin embargo, afirman que la Fiscal les informó que no podía proceder penalmente porque en las imágenes no se aprecia con claridad el hecho denunciado.

“Le dijo que no procedía porque no se ve que le saquen la pistola o que le apunten”, relató un afectado, quien añadió: “Entonces le dije, ¿quiere que lo maten para que proceda la denuncia?”.



Las quejas por la actuación ministerial también se han extendido a las redes sociales institucionales de la Fiscalía, donde usuarios han señalado la falta de seguimiento a las denuncias y la negativa a proceder aun cuando los presuntos responsables están identificados.

De manera extraoficial, las víctimas estiman que el monto económico de los robos podría ascender a varios millones de pesos. “Son camionetas de alrededor de 500 mil pesos. Es mucho lo que se han llevado”, comentaron. Asimismo, señalaron que existe información no confirmada sobre pagos de hasta 45 mil pesos por cada unidad entregada y la posible existencia de bodegas cercanas donde serían ocultados los vehículos robados.