Víctimas no denuncian pero en Veracruz hay violencia, amenazas y extorsiones

A LA OPINIÓN PÚBLICA

El día de hoy, el delegado de la Secretaría de Gobernación federal en el estado de Veracruz, José Alejandro Montano Guzmán, formuló aseveraciones en que me insta a presentar denuncia por los casos de "cobro de piso" del crimen organizado a empresarios, como en días pasados planteé públicamente.

De manera textual, el señor Montano afirma: "Si la diputada Eva Cadena Sandoval tiene información con respecto al 'cobro de piso' a comerciantes del sur de Veracruz, que lo denuncie".



Manifestó que quien se toma la responsabilidad de señalar estos temas, al mismo tiempo tiene la responsabilidad de denunciarlos.

Montano Guzmán afirma que en su calidad de delegado de la Secretaría de Gobernación, a él no ha llegado ni un solo funcionario de ningún punto de la entidad a señalarle estos hechos.

Lo afirmado por el funcionario entraña un riesgo a las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de México y un agravio a los derechos humanos. Plantea la judicialización de la libertad de expresión y una forma nada sutil de amordazar a la sociedad y señalar los estragos que aún sigue causando la inseguridad y las diversas formas de violencia a nuestro pueblo.



En el caso del sur de Veracruz, la situación es crítica, las noticias diarias lo constatan, pero es muy grave que en una gran mayoría de los casos, las víctimas de hechos de violencia, amenazas y extorsiones no denuncian lo que están sufriendo.

Es común que pidan que uno los escuche, pero se niegan a presentar denuncias por miedo a represalias y su desconfianza hacia las autoridades.

Cualquiera que camine por las calles de Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce o Las Choapas, podría darse cuenta del alto número de cortinas de comercios cerradas. Si hablamos con los taxistas, con los obreros o con las amas de casa, el clima de miedo y desconfianza a las autoridades es el común denominador del sentir social.



En ese contexto, la intolerancia y la intimidación a quienes ejercemos la libre manifestación de ideas no contribuye a solucionar el problema, menos el tratar de ocultarlo con el silencio.

Aun si el marco legal así lo establece, el fin que entraña la postura de actores políticos como Alejandro Montano, presionando a quien señala este tipo de formas delictivas, es un ataque a la libertad de expresión.

Si alguien conoció de hechos delictivos y su impacto en la sociedad veracruzana, fue Alejandro Montano Guzmán cuando fungió como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Miguel Alemán Velasco y quedó mucho a deber.



Es inaceptable que la libertad de los ciudadanos a expresar su opinión en torno a la inseguridad que vivimos se vea restringida por quienes tienen la obligación de generar las condiciones para que Veracruz vuelva a ser la tierra promisoria y de grandes logros para México.

Si el ciudadano no denuncia es por desconfianza en los organismos encargados de procurar justicia que dejaron como legado los gobiernos pasados, cuya colusión y complicidad con el crimen organizado colocaba en estado de indefensión y alta vulnerabilidad al denunciante.

Por lo que a mí corresponde, en mi calidad de diputada local por el distrito XXX de Veracruz repruebo cualquier intento por imponernos una mordaza y tengan por hecho que continuaré advirtiendo sobre los niveles de inseguridad, los yerros en los operativos para enfrentar el flagelo de la violencia y reconociendo cómo también he alcanzado logros en la lucha contra la delincuencia organizada, que son evidentes en la actual administración.



Pero a ningún precio, aceptar la intimidación por nuestro derecho a hablar.

Atentamente
EVA FELÍCITAS CADENA SANDOVAL
DIPUTADA LOCAL