Vinculan a proceso a Gabriel “N” por caso de avionetas aseguradas en Otatitlán

Casi 5 meses después del cateo en un predio de Otatitlán donde fueron aseguradas 6 aeronaves, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Gabriel “N”, señalado como probable propietario del inmueble y acusado de operar instalaciones para el tránsito aéreo sin autorización federal.

La dependencia informó que un juez de control lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de “uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo”, previsto en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba para sostener que en el predio se realizaban actividades propias de un aeródromo sin contar con autorización expedida por la Agencia Federal de Aviación Civil.

El Juez también concedió un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la FGR podrá reunir más elementos antes de determinar si presenta acusación formal.

La Fiscalía precisó que Gabriel “N” mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional.

El caso se originó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la presunta operación de una pista utilizada para el despegue y aterrizaje de aeronaves sin permisos.

El 6 de febrero de 2026, elementos federales y estatales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la carretera Cosamaloapan-Papaloapan, entre las comunidades de La Isleta y La Carmela, en el municipio de Otatitlán.

Durante la diligencia, agentes de la Policía Federal Ministerial aseguraron 6 avionetas, 5 de ellas presuntamente operativas y una semidesmantelada, además de un fuselaje sin motor, hélices ni tren de aterrizaje.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Tras el aseguramiento del inmueble y las aeronaves, la FGR integró la carpeta de investigación y solicitó la judicialización del caso, al considerar que el sitio operaba como aeródromo sin los permisos correspondientes.