Ya estaría listo el dictamen de la Cuenta Pública 2024 que votará Congreso de Veracruz

La Comisión Permanente de Vigilancia ya tendría listo el dictamen de la Cuenta Pública 2024, que contiene un daño patrimonial por 2 mil 372 millones 867 mil 569.51 pesos.

El dictamen ratificaría las irregularidades en la actuación de las y los servidores o exservidores públicos estatales y municipales que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial. El quebranto financiero quedó detectado en el último año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por un monto de 829 millones 397 mil 442.45 pesos; en 174 ayuntamientos el presunto daño es por mil 537 millones 550 mil 416.82 pesos.

En 8 entidades paramunicipales, el presunto daño es por 4 mil 449 millones 156 mil.34 pesos y fue detectado en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Banderilla, Coatepec, Coatzacoalcos, Coscomatepec, y Lerdo de Tejada; así como en el Hidrosistema de Córdoba, en el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) de Veracruz y en el Sistema Intercomunicador de Gestión Integral de Residuos Sólidos urbanos y Manejo Especial (SIGIRES).

En 5 secretarías del Poder Ejecutivo (Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) hay un presunto daño por 62 millones 632 mil 248.42 pesos y 34 organismos públicos descentralizados por 766 millones 765 mil 194.3 pesos.

En el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV) del Poder Judicial hay un daño por aclarar de 63 mil 263.4; y en la Universidad Veracruzana (UV) por un millón 407 mil 317.86 pesos.

Una vez aprobados los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo por el Congreso del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) notificará a los titulares de los Órganos Internos de Control de los entes observados, o a quien ejerza esas funciones, las observaciones y recomendaciones determinadas que sean de su competencia para su debida atención. Los titulares de los Órganos Internos de Control o sus equivalentes tendrán, en la atención de las Observaciones y Recomendaciones que les notifique el Órgano, las obligaciones siguientes:

Informar al ORFIS dentro de los 30 días hábiles siguientes a la vista desahogada, la fecha y el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo. Remitir, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión, copia certificada de las resoluciones definitivas que se dicten en los procedimientos iniciados.

Además, promover las acciones necesarias para atender las recomendaciones que le notifique el ORFIS en atención al Decreto que expida el Congreso, y rendir el informe correspondiente. La omisión en el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas será sancionada en los términos establecidos por esta Ley, con independencia de lo que resulte en materia de responsabilidades administrativas.