Ya se enojó Duarte ante acusación por desaparición forzada

Luego de recibir una prórroga de un año a la prisión preventiva justificada por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de un policía, el exgobernador Javier Duarte afirmó que en Veracruz el Poder Judicial “es una vacilada”.

A través de sus redes sociales, Javier Duarte se lanzó en contra de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y en contra de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns y aseguró que el Poder Judicial federal les corregirá la plana.

“La justicia que imparte últimamente el Poder Judicial del Estado de Veracruz es una vacilada. Los jueces locales se limitan a realizar la instrucción que reciben desde Palacio de Gobierno sin importar lo que refiera la Constitución o la Ley. Ellos tienen que cumplir ya que de lo contrario los meten a la cárcel por insubordinados.



“Es por ello que todo siempre se resuelve a través del Poder Judicial de la Federación el cual por lo general es imparcial, objetivo y profesional”, escribió en su cuenta de Threads.

Añadió que Jiménez Aguirre y Hernández Giadáns tienen el mismo “modus operandi” que el del extitular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña.

“En Veracruz todo sigue igual, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y Verónica Hernández Giadáns actúan de la misma manera y con el mismo modus operandi que sus antecesores Edel Álvarez Peña y Jorge Winckler Ortiz, lo único que cambió es que antes estos 2 personajes hacían todo lo que el pederasta les ordenaba hacer y ahora estas 2 funcionarias públicas hacen todo lo que el ‘Bola 8’ les ordena hacer. Eso es del conocimiento público veracruzano”, publicó.



Cabe recordar que un Juez en Etapa de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Pacho Viejo, en Coatepec, amplió por otro año la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier “N”.

Javier “N” se encuentra sujeto a investigación como parte del proceso penal número 103/2018, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en agravio del expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), David Lara Cruz.

Actualmente el exmandatario cumple una sentencia de 9 años de prisión tras haber admitido su culpabilidad por lavado de dinero y asociación delictuosa y sigue buscando librar el proceso vinculado con la desaparición forzada del elemento de seguridad.