12 ONG y pobladores exigen consulta pública sobre minas en Actopan y Alto Lucero

Una consulta pública y abierta acerca de los proyectos de extracción de minerales en Actopan y Alto Lucero, exigen por igual habitantes de ambos municipios y al menos 12 organizaciones no gubernamentales.

Asimismo, hacen un llamado al Gobierno del Estado para que analice de forma integral el proyecto y dé una opinión en beneficio del medio ambiente y los recursos de la entidad, así como la "seguridad de todos".

En una carta enviada a alcalorpolitico.com

y firmada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), los activistas no sólo demandan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dicho sondeo en los pueblos de Actopan y Alto Lucero, sino una reunión informativa dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto denominado La Paila es promovido por la empresa Caballo Blanco y busca desarrollarse en el municipio de Alto Lucero, con la explotación a cielo abierto de minerales; así como el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 265 hectáreas.

El proyecto minero impactará directamente al Sitio Ramsar La Mancha y El Llano, considerado uno de los corredores migratorios y sitio de alta concentración de especies migratorias más importante en el mundo; además se prevé una grave devastación de la vegetación de selva baja caducifolia, en la cual se incluye gran variedad de especies endémicas como los encinos tropicales y las cícadas, especie de plantas milenarias endémicas —contempladas en la Norma Oficial Mexicana 059 de la SEMARNAT, para especies en peligro de extinción—; las cuales tienen una antigüedad estimada en 2 y 3 mil años, colocándose así como la vegetación viviente más antigua de México.



Además, dicen los inconformes, el proyecto implica riesgo dado que se ubica dentro del radio de 2.5 kilómetros de la Estación Nucleoeléctrica Laguna Verde, es decir, dentro de la zona en la que opera el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE).

El CEMDA afirmó que la solicitud de consulta presentada a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT se realizó con fundamento en los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano, a acceder a información pública y a participar de forma directa en la toma de decisiones en materia ambiental.

"Debido a que tal proyecto puede causar severos impactos al medio ambiente y a los recursos naturales en el estado de Veracruz", enfatizaron.



Cabe destacar que la empresa Candymin S.A. de C.V., propiedad de Goldgroup Inc.había solicitado a la SEMARNAT una Autorización de Impacto Ambiental en el 2012, aunque en su momento la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), el Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable Núcleo Veracruz, el Gobierno del estado de Veracruz y la sociedad civil en general emitieron cometarios en contra del proyecto; por lo que la empresa decidió retirarlo en septiembre de ese mismo año.

Sin embargo, Goldgroup Inc. publicó después un desplegado en el que señalaba que su decisión era únicamente "diferir el proceso de Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)" ,con el fin de trabajar con las "nuevas autoridades" en un nuevo proyecto de inversión.