15% de servidores públicos incumplió con su última declaración patrimonial

El contralor Ramón Santos Navarro informó que 15 por ciento de las personas servidoras públicas obligadas a presentar declaración patrimonial y de intereses no cumplió con esta obligación en el último ejercicio.

Señaló que el padrón de sujetos obligados oscila entre 160 mil y 165 mil trabajadores, de los cuales 84.03 por ciento entregó su declaración en tiempo y forma, aunque persiste un rezago pese a los procedimientos de notificación y exhorto.

Explicó que la ley exime de declarar a quienes perciben menos de 20 mil pesos mensuales, pero subrayó que la carga principal se concentra en mandos medios y superiores, quienes deben reportar anualmente su evolución patrimonial.



Indicó que las versiones públicas de estas declaraciones se entregan mediante solicitud ante las unidades de transparencia, ya que la normatividad permite al declarante definir el nivel de publicidad de sus datos personales.

Al responder cuestionamientos de diputadas y diputados, Santos Navarro defendió los mecanismos de control, pero reconoció dificultades para localizar personal en zonas rurales y atender la disparidad de conectividad en oficinas y planteles educativos.

Explicó que el incumplimiento no siempre genera una sanción inmediata, aunque sí abre procedimientos que pueden concluir en amonestaciones, inhabilitaciones o turnos al Tribunal de Justicia Administrativa.



La diputada María Elena Córdova cuestionó la efectividad del sistema de vigilancia patrimonial y planteó que no existen consecuencias claras para quienes no justifican incrementos en su patrimonio.

Solicitó conocer cuántos casos de enriquecimiento ilícito han sido detectados y por qué no se publica un seguimiento puntual. Afirmó que la transparencia no se presume, se demuestra y pidió un caso emblemático de sanción a un funcionario de alto nivel.

En respuesta, Santos Navarro recordó que el 14 de febrero la Contraloría presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntas responsabilidades penales relacionadas con acciones en el SESVER.



“En el mes de febrero, para ser preciso, es el 14 de febrero, la Contraloría General del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por cuestiones de presunta responsabilidad de tipo penal por acciones en SESVER; el expediente se encuentra en la Fiscalía y el Estado se encuentra en el proceso de pasarlo a judicialización para poder perseguir a los probables actores de dicho delito”.
Añadió que la Contraloría ha estado presente en procesos de licitación y ha remitido al Tribunal de Justicia Administrativa los casos en los que se configuran faltas graves.

La diputada Elizabeth Morales, del Partido del Trabajo, preguntó por el uso de despachos externos en auditorías. Santos Navarro respondió que la Contraloría cuenta con 32 órganos internos de control para supervisar más de un centenar de instituciones, por lo que la ley permite apoyarse en despachos contables. Afirmó que estas firmas deben presentar documentación fiscal y acreditación normativa.

Legisladoras también abordaron la revisión de obras públicas. Señalaron que solo cuatro proyectos fueron revisados a detalle, entre ellos Naturalia e IPAX, y cuestionaron la suficiencia del análisis frente al volumen de inversión estatal.



El contralor afirmó que Naturalia cuenta con los permisos ambientales correspondientes, incluida la manifestación de impacto ambiental. Indicó que la Contraloría no determina daño patrimonial, pues esa atribución corresponde al ORFIS, aunque sí puede iniciar procedimientos administrativos cuando identifica irregularidades.

Respecto a los tiempos de pago a contratistas, sostuvo que la Contraloría verifica la secuencia de anticipos, estimaciones y facturación, pero aclaró que no tiene facultades para instruir a una dependencia o a la Secretaría de Finanzas a liberar recursos. Explicó que los retrasos pueden originarse por causas atribuibles a la empresa o a la entidad contratante, y que las empresas que se consideren afectadas deben acudir a procesos de conciliación o a tribunales administrativos.