Reforma a la ley impedirá que jóvenes sean recluidos cuando hayan intentado cometer un delito menor

El pleno legislativo reformó la Ley de Responsabilidad Juvenil, con lo cual a partir de ahora se impedirá que menores de edad sean recluidos cuando hayan intentado cometer un delito menor y en su lugar sean tratados con terapia y tratamiento externo.

Por ello no serán privados de su libertad los menores que “intentaron” –sin consumarse- cometer los delitos de robo, lesiones, estragos y corrupción de menores.

En los casos de robo y asalto, delitos muy comunes, podrá dársele al menor una alternativa que no sea la prisión, porque “tenemos que tener en cuenta que el delito no se consumó, o sea que bien podrían valorarse ciertas circunstancias”.

Los diputados coincidieron que resultaba necesario legislar para alcanzar una justicia garantista, y al eliminar ciertos delitos en grado de tentativa que dentro de los más graves podrían ser considerados los más sensibles, otorgarle al menor una alternativa distinta de la prisión, que acelere su integración completa a la sociedad.

En tanto, con una pena de uno a 12 años de prisión, serán castigadas aquellas personas que roben diversos metales de monumentos, instalaciones eléctricas o hidráulicas, partes de medidores de agua y luz, entre otros.

Mediante una reforma al Código Penal se castigará de forma más severa a aquel que sustraiga o se apodere de metales como cobre, bronce, fierro, aluminio, acero, níquel y sus aleaciones.

De tal forma que se castigará económicamente y con cárcel a quien con ánimo de dominio, lucro o uso, sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de metales, como cobre, bronce, fierro, aluminio, acero, níquel y sus aleaciones.

Sobre todo si son utilizados en monumentos, instalaciones eléctricas o hidráulicas, partes de medidores de agua, luz o gas, o en equipamiento urbano, industrial, agrícola o de cualquier otra naturaleza.

Si el valor de lo robado no excediere de cien días de salario, se les castigarácon prisión de uno a cinco años y multa de hasta 150 días de salario; y si el valor de lo robado excediere de cien días de salario, la prisión será de tres a doce años y multa de hasta 600 días de salario.

Finalmente, el pleno legislativo autorizó al gobernador Fidel Herrera Beltrán donar un terreno en el puerto de Veracruz a la Policía Federal Preventiva con el propósito de construir de la Estación de Policía y el Cuartel para las Fuerzas Federales de Apoyo.

El terreno consta de una superficie de 30 mil 832 metros cuadrados con construcción incorporada de propiedad estatal, ubicada en la gasa del distribuidor vial Cabeza Olmeca en el municipio de Veracruz.

La donación se suscribe dentro del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el 21 de agosto de 2008 por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y por todos los Estados del la Federación.

Los legisladores consideraron que se justifica que el Gobierno del Estado esté en la mejor disposición de colaborar con los compromisos contraídos con el Gobierno Federal, respecto al Programa Nacional de Seguridad Pública y cooperar con los objetivos establecidos por la Policía Federal Preventiva.