Adiós, Juntas: Gobernador plantea establecer Centro de Conciliación Laboral

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió al Congreso local la iniciativa de Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral de Veracruz, organismo público descentralizado que empezará a funcionar en mayo de 2021 con la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que actualmente dependen de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP).

La puesta en marcha del nuevo ente responde a la reforma constitucional en materia de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 24 de febrero de 2017 y a la reforma hecha por la actual Legislatura veracruzana publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 4 de febrero de 2020, que en Veracruz este nuevo sistema se empezará a aplicar a partir de octubre de 2021.

En la exposición de motivos, el titular del Ejecutivo señala que el nuevo Sistema de Justicia Laboral privilegia la conciliación, por lo que buscando que la impartición de justicia garantice la tutela judicial efectiva, dicha conciliación será obligatoria, salvo en algunas excepciones.



Se estipula que este Centro sería especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, sectorizado a la STPSP.

El objeto del Centro sería el de ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, a fin de procurar el equilibrio entre los trabajadores y patrones, de acuerdo con lo previsto por la Ley Federal del Trabajo.

También se encargaría de capacitar, certificar, autorizar y supervisar a las personas físicas que presten el servicio, conforme a la normativa aplicable.



Se señala que su sede legal estaría en Xalapa y contaría con las delegaciones que sean necesarias conforme a la disponibilidad presupuestaria correspondiente y la relación jurídica de trabajo en el Centro y su personal se regiría por la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

Su patrimonio, según el planteamiento, se integraría por los bienes muebles e inmuebles que le transfieran los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, por cualquier título; los recursos financieros que se le asignen en los Presupuestos de Egresos del Estado y la Federación para su funcionamiento.

Se plantea que la administración del Centro esté a cargo de la Junta de Gobierno que sería su máxima autoridad y cuyo presidente sería el Gobernador. Además de la Dirección General, cuyo titular sería elegido libremente por el Mandatario Estatal y desempeñaría su cargo por cuatro años y sólo podría ser ratificado por un periodo más.



Este funcionario no podría tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación del Centro, en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia y de los no remunerados.

Para ocupar este puesto se requeriría, entre otros requisitos, ser veracruzano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener por lo menos treinta años cumplidos al día de su designación; tener título y cédula profesional de licenciado en Derecho, con una antigüedad de por lo menos cinco años al día de su designación.

La propuesta estipula que la vigilancia, control y evaluación del Centro estaría a cargo de un Órgano Interno de Control, cuyo titular sería designado y removido por la Contraloría General del Estado (CGE).



En uno de los artículos transitorios se precisaría que aun cuando se prevé que entre en operaciones en el mes de mayo de próximo año, las funciones relativas a la conciliación empezarían a darse una vez que se dé la declaratoria del Congreso del Estado.

La Junta de Gobierno debería instalarse en un plazo no mayor a treinta días naturales, contado a partir del día siguiente al inicio de operaciones administrativas del Centro.

Se ordenaría a la Secretaría del Trabajo llevar a cabo las gestiones necesarias a efecto de que el Centro cuente con los recursos que requiera para el inicio de su operación.



Y finalmente se mandataría a expedirse su reglamento en un plazo no mayor a noventa días naturales, contado a partir de la instalación de la Junta de Gobierno.